Así lo ordenó el juez porteño Osvaldo Otheguy. El suministro debe alcanzar para satisfacer todos los usos diarios: higiene personal y doméstica, y consumo directo para prevenir el dengue y el coronavirus.
La presentación fue realizada por la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria de la UBA, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, CTA Capital, el Frente Territorial Salvador Herrera, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP), que dirige Claudio Lozano, junto a referentas y referentes de Barrios Populares (Villa 21-24, Barrio Inta, Barrio Scapino, Barrio Cildáñez, La Villa 15 – Oculta -, Villa 20).
El fallo le ordena al gobierno de la Ciudad en un plazo de 5 días garantizar la entrega de agua a granel para todos los usos en los barrios donde no haya suministro continuo de agua corriente luego de que los casos de contagios dentro de villas y asentamientos se disparara en los últimos días con especial rapidez en el barrio padre Mujica, donde estuvieron sin agua 10 días.
“La justicia reconoce que no hay acceso al agua potable en los Barrios Populares y que las acciones realizadas por el GCBA son insuficientes”, señalaron los denunciantes y recordaron que el GCBA destina para cada villa, en promedio, un camión de 7.000 litros de capacidad durante 12 horas que a lo sumo abastece a 140 habitantes por día en barrios cuya población supera las decenas de miles de personas. Según los estándares internacionales citados por la justicia, se establecen dotaciones de consumo de agua potable con valores entre 150 y 250 litros por habitante por día.
A partir del fallo y durante la crisis sanitaria por el coronavirus y dengue, la Ciudad deberá también elaborar “un Plan de Contingencia ante posibles emergencias sanitarias que incluya un cronograma detallado para cada Barrio Popular con recorridos, fechas y horarios precisos, previamente acordados con la comunidad y adecuadamente difundidos que garantice, (…), la entrega de agua a granel para todos los usos (…) que no cuenten con suministro continuo de agua corriente”
También le exige a la administración de la Ciudad que elabore e implemente un Protocolo de Actuación para brindar pautas claras de manejo y alerta respecto al agua de consumo a las familias para reducir el riesgo sanitario.
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