En el primer año de Milei, hubo 430 muertes por violencia institucional

Esta semana, la Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia presentó el informe «Un año de lucha contra la destrucción planificada de los DDHH y la Democracia«, que reveló los retrocesos en materia de seguridad, trabajo, economía, salud, educación, tercera edad, niñez y géneros, entre otros ejes. De los datos, el documento asegura que «atravesamos hoy, por lejos, la situación represiva de mayor voltaje e intensidad desde 1983«.

La presentación del informe de la Red, integrada por más de 100 organizaciones, fue el lunes a la tarde en el auditorio porteño de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Dijeron que la situación represiva está «legitimada formalmente con una serie de medidas tomadas por resoluciones del Ministerio de Seguridad de la Nación o por decretos presidenciales que resulta inverosímil que no hayan sido cuestionadas y anuladas por el Poder Judicial ni objetadas por el Congreso de la Nación».

En ese marco, el trabajo destacó que «entre el 10 de diciembre y el 31 de octubre, se registraron 41 represiones a la protesta social ejercidas en todo el país. Estos hechos ocurrieron en 10 provincias, con especial foco en la Ciudad de Buenos Aires. El accionar de las fuerzas de seguridad incluyó la agresión física a 1146 manifestantes y produjo la detención de al menos 139 personas en protestas o allanamientos». Los números dan cuenta de que en la Argentina de Milei hay una represión popular por semana.

Más de una muerte por día por violencia institucional

El informe alerta que «se ha registrado un total de 430 muertes» por violencia institucional. De ese total, «108 corresponden a fusilamientos de gatillo fácil; es decir, la ejecución de personas desarmadas o en fuga en la vía pública; 302 son muertes bajo custodia, en cárceles, comisarías o alcaidías; 14 son muertes intrafuerza o intrafamiliares, de las cuales 4 son femicidios y uno es femicidio relacionado, y 6 corresponden a otras modalidades (uso del patrullero como arma, asfixia en el momento de la detención, etc.)». 

En la presentación del informe de la Red estuvieron figuras como el Premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; el secretario General de la CTA-A, Hugo «Cachorro» Godoy; la presidenta de la Asociación Argentina de Juristas, Claudia Rocca; la presidenta de Justicia Legítima, Matilde Bruera; la referente de la CORREPI, María del Carmen Verdú, y la directora del Instituto Espacio para la Memoria, Ana María Careaga. Moderaron el encuentro Matías Fachal, secretario General de la Federación Judicial Argentina (FJA), y María José Cano, de ATE.

A ellos se les sumaron Paula Topazo, integrante de la APDH; Carmen Celiz, del Comité para la Defensa de la Ética, la Salud y los Derechos Humanos; Cynthia Benzión, de la Asociación Abogados y Abogadas Laboralistas; Agustina Vidales, de Incidencia Feminista. Además, el documento destacó que «las decisiones de este primer año del gobierno de Milei combinan desregulación y desprotección laboral y social con represión de cualquier resistencia», además del desmantelamiento de las diferentes áreas del Estado. 

«La Red es una trinchera más de resistencia para enfrentar los ataques del Gobierno y defendernos de la represión, y el informe no es solamente la denuncia por la violación de los derechos constitucionales de este Gobierno, que han sido muchos, sino también la visibilización de las acciones que hemos ido llevando a cabo», dijo Fachal, en diálogo con Tiempo.

El referente de los Judiciales alertó por «reforma laboral flexibilizadora a través del DNU 70/2023 y la Ley de Bases, en desmedro de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, generando más pobreza». Fachal remarcó, por un lado, que «los juzgados y tribunales están cada vez más colapsados porque ante la crisis hay más despidos, más violencia, más conflictividad», y por el otro destacó que «los jueces del Trabajo han advertido mediante sentencias que no se puede hacer cualquier cosa, ni de cualquier manera, pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación sigue sin expresarse». 

María del Carmen Verdú le dijo a Tiempo que CORREPI, como parte de la Red, aportó en «el capítulo referido a represión, repasando las medidas ya tomadas como el protocolo antipiquete, el comando unificado urbano, el DNU que transfirió el Servicio Penitenciario Federal desde el Ministerio de Justicia al de Seguridad, el uso de armas de fuego larga por Prefectura Naval, la unidad de inteligencia artificial, el cuerpo de agentes encubiertos y otras».

La referente de CORREPI explicó que «también analizamos los proyectos legislativos en trámite que incluyen la intervención de las Fuerzas Armadas en seguridad interior, aumentos de penas a delitos típicamente usados para reprimir la protesta, la legalización del gatillo fácil y la justicia por mano propia, como así también la mal llamada ley antimafias». 

En ese plano, Verdú destacó que «no son secundarias las cifras de muertes por fusilamientos y bajo custodia que ya superan los totales del año pasado, con una sobrepoblación carcelaria deliberadamente generada que no tiene relación con las cifras comprobables de delitos, y también por supuesto los datos de las represiones a la protesta social ejercidas por las fuerzas de seguridad en todo el país, y nos pareció importante destacar dos distritos, que son Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Santa Fe, que están operando como laboratorios represivos para el resto de la Argentina».

El mensaje de Pérez Esquivel

Durante la actividad, Adolfo Pérez Esquivel pidió «difundir mucho este informe tanto aquí como fuera del país, hay demasiados silencios y demasiadas traiciones, pero también tenemos que pensar con un sentido crítico para no volver a cometer los mismos errores: cómo llegamos a esto, cuáles son las fallas, por qué no conseguimos construir políticas a mediano y largo plazo. Tenemos que tener iniciativa y no esperar los golpes para reaccionar».

En otro de los ítems abordados por el informe, se destacó que «las medidas de shock ejecutadas por Javier Milei generaron una caída en los indicadores macroeconómicos existentes. La actividad económica, comparada con los niveles 2023 y anteriores, está aún por debajo, lejos de restablecerse».

Además, en el informe quedó plasmada la alarma por «el desmantelamiento de políticas públicas integrales; el desprestigio y la desinformación sobre las instituciones de género; el recorte presupuestario y la reducción de personal a través de despidos masivos» en diferentes áreas del Estado. 

En esa línea, la Red «hizo énfasis en la gravedad de las expresiones de negacionismo, discursos de odio, ataques a referentes del campo de los derechos humanos y reivindicación de los hechos sucedidos durante el terrorismo de Estado». Por último, y no por ello menos importante, se señala también la destrucción en materia de Salud, Educación y Ciencia y Tecnología.

Para la Red en Argentina, se está ante «un verdadero cambio de régimen con la consecuente destrucción de todo el sistema de derechos y garantías que con tanto esfuerzo generaciones precedentes lograron construir». El informe completo se puede encontrar acá.