Muertes violentas, torturas y sobrepoblación: el grave estado de las cárceles federales

Un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) denunció que en los últimos dieciocho meses se produjeron 18 muertes violentas en la órbita del Servicio Penitenciario Federal (SPF). En el mismo informe, se consigna sobrepoblación, torturas, malos tratos, muerte bajo custodia, deficiencia en el acceso a los derechos de salud, educación, trabajo y aislamiento de las personas que padecen el encierro punitivo.

“Los muertos son 50. Se dividen en 32 fallecidos por enfermedades. En el caso de las que ocurrieron en forma violenta tenemos 12 homicidios, 3 suicidios y dos murieron por autoagredirse. Muchas veces estas últimas ocurren cuando se toma una medida de fuerza extrema, por ejemplo, prender fuego colchones para protestar por algo que los aqueja y mueren en el intento”, detalla a Tiempo, Marta Monclús, directora del Observatorio de Cárceles Federales.

“En lo que va de este año tenemos una nueva muerte violenta, pero aún no hemos concluido con la investigación”, confía Monclús. Y continúa explicando que: “Todas las muertes que ocurren en los penales federales la PPN las categoriza según los resultados del análisis. En este último caso que hubo todavía no cerramos el expediente. Luego veremos si es considerado un homicidio o torturas seguidas de muerte por parte de los miembros del SPF”.

Parece ser que el sistema penitenciario tiene distintas técnicas para asesinar a las personas que padecen el encierro punitivo. “Nosotros no creemos en los suicidios que ocurren en estas instituciones. Porque éstas personas fueron condicionadas por el contexto y una situación traumática que se originó en la cárcel, donde deberían cuidarlas”, agrega la directora del Observatorio.

La PPN registró 427 casos de torturas a lo largo de 2019 en distintos establecimientos penitenciarios federales. “Esto muestra una larga trayectoria de investigación en los distintos penales. Los responsables de estos delitos siempre suelen ser los miembros del SPF, generalmente pertenecen al cuerpo de requisas y de seguridad interna de la institución”, asegura Monclús.

Y subraya que el fuerte incremento de la población penitenciaria de los últimos años ha desencadenado una grave crisis carcelaria: “Reconocida oficialmente por el Poder Ejecutivo. Fue lo que llevó a que el 26 de marzo de 2019 el entonces titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos declarase la ‘emergencia en materia penitenciaria’ por el término de tres años”.

Monclús puntualiza en que esta situación de emergencia carcelaria y la sobrepoblación se reagrava por la pandemia global declarada por el virus Covid-19. “Por las alertas de los organismos internacionales y de Derechos Humanos sobre el grave riesgo de propagación de la enfermedad en cárceles y otros lugares de detención. Todas las recomendaciones señalaron la necesidad de reducir la población carcelaria y muchos países adoptaron medidas en ese sentido”.

La directora del Observatorio explica que en Argentina se asumió que la solución debía ser del Poder Judicial. “Recomendando a los jueces y tribunales revisar las prisiones preventivas de las personas privadas de libertad en situación de mayor riesgo. También sustituir el encierro carcelario por arresto domiciliario en casos de delitos menores no violentos”.

“Estas revisiones judiciales y, sobre todo, el menor ingreso de nuevos detenidos como resultado de la disminución de los delitos y de las detenciones policiales han producido una reducción de la población privada de libertad en las cárceles federales. Ubicándose en la actualidad por debajo de los 12.000 presos”, explica Monclús, a este diario.

El trabajo que muestra distintos aspectos punitivos del encierro fue presentado hace dos semanas en forma virtual. Es el Informe Anual sobre la situación de los Derechos Humanos en las cárceles federales del país. Estuvo a cargo del procurador penitenciario Francisco Mugnolo, el procurador adjunto interino Ariel Cejas Meliare y las directoras Marta Monclús y Andrea Triolo. Se presentaron los datos más relevantes de la situación carcelaria en 2019 con respecto a la sobrepoblación, las muertes, y los casos de tortura y malos tratos.

En esa oportunidad Mugnolo destacó la importancia de publicar el Informe Anual cada año y resaltó “poder hacerlo en este contexto de aislamiento generalizado por sobre todo en el área metropolitana”. Asimismo mencionó que “en la actualidad se conjugaron tanto la problemática de la sobrepoblación carcelaria como la emergencia sanitaria”.

Cejas Meliare, describió las distintas medidas que se tomaron desde la Procuración para “encontrar alternativas al encierro frente a la pandemia global declarada por el virus Covid-19”. Además resaltó que las “resoluciones judiciales, niveles de egresos y medidas preventivas fueron positivas”. Y describió el trabajo de la PPN desde el comienzo del aislamiento, haciendo hincapié en la protesta que se realizó en el penal de Devoto y el acompañamiento realizado durante el conflicto.

Durante 2019 se llegó al pico máximo registrado de personas detenidas; 14.067. Con respecto a los traslados arbitrarios, se mencionó el fallo de la CIDH. Este organismo señaló que tal práctica constituye una vulneración de los Derechos Humanos de las personas detenidas. En cuanto a los casos de tortura y malos tratos, el informe detalla que persisten como una de las principales problemáticas en prisión.

Cabe destacar, que a elaboración del Informe Anual de la PPN tiene por objeto informar al Honorable Congreso de la Nación acerca de las actividades desarrolladas por el organismo en el transcurso del año pasado. Lo hace en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 25.875. Por eso informaron que a diciembre del año pasado las personas detenidas eran más de 14 mil mientras la capacidad declarada por el Servicio Penitenciario Federal era de 12.778 plazas.

Otra situación destacada del 2019 es la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto a los traslados arbitrarios de personas detenidas en Argentina. El organismo internacional declaró que este tipo de políticas vulnera Derechos Humanos, motivo por el cual fijó un plazo de un año para que el Estado adopte todas las medidas de carácter legislativo, administrativo o judicial para regular e implementar los traslados de personas privadas de libertad de acuerdo a la Convención Americana de DD.HH.

El informe denuncia 427 casos de tortura y malos tratos. En el 41% de los casos las víctimas prestaron su consentimiento para recurrir a la justicia. Esto derivó en 140 denuncias presentadas en formas individuales y colectivas.

La PPN contabilizó más de 50 mil reclamos por vulneraciones de derechos dentro de las prisiones federales. De manera telefónica se recibieron 36.725 denuncias y 15.470 fueron realizadas en entrevistas personales en el marco de los monitoreos habituales que se realizan en los penales.