En Perú, la presidenta habló por primera vez ante el Congreso en el día de la Independencia. Pidió perdón por los muertos de la represión. Ententes entre el fujimorismo y la izquierda.
En cambio acusó a Castillo de dar él un golpe de Estado, lo presentó como un corrupto y se victimizó al afirmar que durante los días de ebullición tras la detención del presidente se intentó efectuar un golpe contra ella misma con el objeto de instaurar “una dictadura” en Perú. “Mi gobierno recibió un país en grave crisis material, moral y política. La errática política general y el deficiente manejo de la administración pública, durante la gestión pasada, fue un marco propicio para el vertiginoso aumento de la criminalidad organizada en nuestro país”, señaló. En el mismo discurso pidió perdón por los más de 60 muertos en represión, a la que llamó “enfrentamientos”, a la vez que equiparó a los manifestantes con “bandas criminales”.
Anunció, además, que pedirá facultades para combatir el crimen y expulsar inmigrantes (“en casos de flagrancia”) pero promoverá, en sus palabras, un “Acuerdo Nacional incorporando a todos los sectores sociales”.
El mensaje, que incluyó medidas para paliar las sequías y las inundaciones en distintas áreas y reactivar la economía, se pronunció ante la Asamblea al celebrarse el Día de la Independencia, y como corolario de una semana en la que el Congreso produjo una jugada maquiavélica de reemplazo de la autoridad legislativa en una alianza entre el fujimorismo y la izquierda marxista de inciertos resultados.
En una actitud bastante bien recibida por los grandes medios del poder, Boluarte habló como si hubiese sido recién electa por el clamor popular. Atribuyó al gobierno al que ella asumió en 2021 como vicepresidenta de Castillo casi todos los conflictos actuales, tanto económicos como sociales, cuando ella fue además parte del gabinete como ministra de Desarrollo Social, un área directamente relacionada con el bienestar de la población.
Desconoció también el permanente bloqueo político que ejerció la extrema derecha contra Castillo y criticó los forzados cambios de gabinete, que se debieron a los constantes votos de censura de la oposición abroquelada en el Congreso y facultada por la controversial constitución peruana, esa que la propia CIDH reconoció que es parte del problema institucional del Perú en su crítico informe sobre la represión. “Recibimos también un Gobierno sumido en un creciente caos administrativo, con funcionarios no idóneos contratados en base a clientelas políticas y partidarias, con promesas incumplidas, que dieron lugar al nombramiento de cinco presidentes del consejo de ministros y un récord histórico de 79 ministros de Estado, así como la acumulación de acusaciones por presuntos actos de corrupción dentro de ese régimen”, sostuvo Boluarte, a quien algunos sectores acusan de haber sido instrumento necesario en la expulsión de Castillo.
Con el mismo discurso de la derecha y del poder judicial que lo mantiene preso sin pruebas concretas, Boluarte afirmó tener conocimiento de “la organización criminal que, incluso, desde antes de acceder al poder, habría sido organizada por el expresidente Pedro Castillo, con su entorno” con el fin de “conseguir, de manera espuria e ilegal, contratos de obras con el Estado”.
El mensaje de Boluarte llegó días después de que la Asamblea unicameral realizara una maniobra que podría apuntar a un posible cambio de manos del gobierno. En una extraña alianza, el ultraderechista Fuerza Popular, y el marxista Perú Libre, que llevó en su boleta a Castillo y Boluarte pero luego rompió con estos, lograron los votos mayoritarios en el Congreso para imponer el miércoles a un presidente consensuado.
Al no haber vicepresidente en el Ejecutivo, la nueva autoridad de la Asamblea está primera en la línea de sucesión en caso de renuncia o destitución. El designado fue Alejandro Soto, del partido derechista Alianza por el Progreso (APP). PL ya venía pergeñando la posibilidad de alzarse con el control parlamentario, aunque apostaba a ocupar la presidencia. En cambio, el jefe de la bancada, Waldemar Cerrón, quedó como vicepresidente segundo. La vicepresidencia primera quedó en manos de Hernando Guerra García, de Fuerza Popular. La jugada de la izquierda generó controversias por el histórico antagonismo entre ambas fuerzas, pero cobra sentido al evaluar las declaraciones de Soto a favor de discutir una Constituyente, una bandera que PL enarbola desde el inicio de su historia partidaria.
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