Paramilitares y guerrilleros abusaron de unas 10.000 combatientes

Un informe elaborado por el Centro Nacional de Memoria Histórica denunció que las violaciones, especialmente de niñas y jóvenes, se realizaron durante los casi 60 años que duró el conflicto armado.

Raúl Reyes, el primer miembro de la cúpula de las FARC muerto en combate con el Ejército colombiano e ícono de la guerrilla, abusó sexualmente de muchas jóvenes combatientes que lo custodiaban, reveló un informe elaborado por el Centro Nacional de Memoria Histórica y publicado en la víspera del primer aniversario del acuerdo de paz.

El informe denunció que durante los casi 60 años que duró el conflicto armado, guerrilleros y paramilitares abusaron sexualmente de unas 10.000 combatientes. Pese a que la guerra formalmente terminó, el órgano gubernamental destacó: «La paz con las mujeres todavía está pendiente porque en todos los ámbitos se incuba la violencia» en su contra. 

Si bien ya existían reportes sobre casos de violencia sexual por parte de los paramilitares, este informe, elaborado con motivo del primer aniversario de la firma del acuerdo de paz, mañana viernes, sacó a la luz por primera vez los abusos de la guerrilla.

«La guerra inscrita en el cuerpo», entre otros casos, reconstruyó la pesadilla que vivieron muchas de las jóvenes guerrilleras que formaban parte de la guardia personal del que fuera el número dos de las FARC.

El diario colombiano El Tiempo, que reprodujo el informe, reveló que Reyes abusaba de esas mujeres, a pesar de que las leyes internas de la guerrilla castigaban la violación con pena de muerte.

La conducta del entonces número dos de las FARC era un secreto a voces entre las filas, pero el poder que ostentaba «era suficiente para amedrentar y asegurar el silencio y la continuidad de sus acciones».

Una de las víctimas, Gina, un mujer que fue reclutada a los nueve años, contó que el llamado Canciller de las FARC siempre elegía niñas y las violaba hasta que se cansaba de ellas o se enojaba por algo y las mandaba a hacer «otros oficios».

«Fui escolta de él casi 16 años (…). Es como una mancha que queda ahí que uno no se la puede borrar, a toda hora uno mantiene eso», aseguró.

La joven relató además que ella y una compañera trataron de resistirse la primera vez que él intentó violarlas, pero que fue inútil: «Me pegó una cachetada y me insultó».

«Me dijo que ahí se hacía lo que él decía, no lo que nosotros quisiéramos». 
Según Gina, al día siguiente Reyes les dijo: ‘¿Quieren morirse o vivir?’ (…) «Hoy tengo que estar con una de ustedes y mañana con la otra». Y así fue. Y así nos tocó», recordó la joven.

Mientras poco se conocía sobre lo que pasaba dentro de las filas de las FARC, los casos de violencia sexual por parte de los paramilitares ya habían salido a la luz a lo largo de la última década por investigaciones surgidas a partir de la ley de Justicia y Paz -que enmarcó la desmovilización de los paras- o denuncias de las propias víctimas.

De hecho, varios jefes paramilitares fueron condenados por esos abusos.
Hernán Giraldo Serna, alias el Patrón, jefe del Bloque Resistencia Tayrona, fue acusado de la violación de más de 50 niñas. Al menos 24 de ellas tuvieron hijos suyos.

Marco Tulio Pérez Guzmán, alias el Oso, ex jefe del Bloque Héroes Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), también fue acusado de violar a varias mujeres y en 2014 fue excluido de la ley de Justicia y Paz por no confesar esos crímenes. 

Por último, Rodrigo Tovar Pupo, «Jorge 40», ex comandante del Bloque Norte, fue condenado por la violencia sexual ejercida por sus hombres sobre niñas y jóvenes en el departamento de Magdalena.
Líderes sociales mujeres, muchas que pidieron no revelar sus apellidos por razones de seguridad, destacaron en el informe que el fin de la guerra no es el fin de la violencia sexual contra ellas. 

Para la líder afro Mercedes la violencia sexual no es algo que vaya a terminar con el fin del conflicto entre las guerrillas y el gobierno porque se trata de algo que está presente desde antes que empezara la guerra.

«Hay que sacar la violencia sexual de lo privado, ponerla en lo público. Este es un problema de educación», subrayó.
En ese sentido, Liliana, una mujer de Medellín, contó en el informe que su hermano la tocaba desde que tenía siete años y que cuando se lo contó a sus padres, la culparon a ella.

La falta de respaldo familiar la llevó a irse de su casa con el primer hombre que apareció: un guerrillero que cuando se enteró lo que le había pasado, la puso al servicio de otros guerrilleros para que la violaran, incluso mientras estaba embarazada.

Cuando tuvo al bebé, el hombre la mandó a su antigua casa para que la cuidara su madre. Tres meses después, pese a las suplicas de Liliana para que la dejara quedarse, la mujer la echó y le dijo: «Lo que Dios ha unido no debe separarlo el hombre».


El documento concluye que «los valores de inferioridad, sumisión y disponibilidad de los cuerpos femeninos que aún circulan en medios, comunidades de fe, sectores populares y de élites inflan el ideal de masculinidades guerreras y violentas, tanto dentro como fuera del conflicto armado».

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