La cintura política del presidente de Colombia, a pleno. Con Álvaro Uribe debe acordar los términos de una reforma integral.
En un sentido opuesto, el miércoles 22 se reunirá con el expresidente de extrema derecha Álvaro Uribe, con quien intentará acordar los términos para avanzar con una reforma salud prometida desde la campaña, que busca dar intervención estatal que garantice el acceso universal a un sistema gestionado en forma privada. Petro le ofreció a Uribe compartir un “tinto” -café- en el Palacio de Nariño en un gesto de cordialidad que en realidad pretende maquillar las profundas diferencias que hay entre ambos sectores políticos sobre el proyecto oficial que busca poner fin a una modalidad vigente por más de 30 años. La condición de la derecha para asistir es que la cámara de Representantes suspenda el debate legislativo en el que ya se aprobaron más de la mitad de los artículos.
La oposición rechaza aspectos de la reforma que involucran la inversión del Estado, lo que a su entender podría impactar en un incremento impositivo. Por eso piden que la propuesta sea tramitada como una ley estatutaria, que requiere más debates y mayorías en el Congreso, que una ley ordinaria, modalidad en la que fue presentada. Algunas voces del oficialismo suscribían esta posición. Ya en febrero, Petro removió al ministro de Educación, Alejandro Gaviria, por manifestarse en contra de la reforma cuya vocera oficial es la ministra de Salud, Carolina Corcho.
Uribe irá con legisladores, médicos y juristas. No será la primera vez que el mandatario de izquierda y el expresidente se encuentren. Ya lo habían hecho en febrero, con dos reuniones previas para acordar convivencia política. La primera fue en junio del 2022, antes de que Petro asumiera.
El debate se da en un momento de tensión económica por el aumento del dólar a niveles históricos y la caída del PIB, por la que el gobierno pretende modificar la normativa fiscalista que rige en Colombia. En medio de esto, dos hechos alteraron el ambicioso proyecto de “Paz Total” que Petro propone también desde que era candidato y que consiste en acordar el desarme y desmovilización con la mayor parte de organizaciones armadas que se mantienen en rebeldía por no haber suscripto al Acuerdo de La Habana, de 2016. Uno de ellos es el mencionado EMC, fracción disidente de las disueltas FARC, que habían levantado su participación en el proceso de paz, con el fin realizar “consultas” y reorganizarse debido a “constantes incumplimientos a los acuerdos”. En un comunicado se habían referido a la presencia de FF AA por fuera de lo pautado: «Los militares deberían salir de las zonas como fue el compromiso, sin embargo, la respuesta fue incrementar el pie de fuerza copando todos los espacios».
El jefe de la delegación del Gobierno para el proceso de paz, Camilo González Posso, confirmó la reanudación de las conversaciones para el próximo 24 de noviembre, cuando se cumplen siete años de los Acuerdos de La Habana. Se se prevé que determine la agenda para marcar la hoja de ruta. “De modo que, entre la próxima ronda y la de fin de año, se tenga un compendio estructurado para el proceso”, aclaró González Posso.
Por otra parte, luego del secuestro y liberación por parte del ELN, volvió a poner en debate público la cuestión de la financiación de la guerrilla con esa práctica extorsiva. Aunque trascendió que en el caso del secuestro del padre de Luis Díaz no hubo dinero involucrado, el presidente aceleró el proceso de negociaciones que se realizará en México, con auspicio del presidente Andrés Manuel López Obrador. “Hay un tema fundamental que es el secuestro, el Derecho Internacional Humanitario, desplazamiento, extorsión, reclutamiento de menores, hay una serie de problemáticas que le llamamos hostilidades contra la población civil que deben superarse”, explicó Petro al confirmar que comenzó a «acelerar la fase de reuniones con el ELN». Esta guerrilla no se había plegado a las negociaciones de La Habana y las abiertas por el presidente de entonces, Juan Manuel Santos, que habían quedado en suspenso durante la gestión de Iván Duque.
RECUADRO
Sendero
La Policía y las Fuerzas Armadas de Perú detuvieron a cuatro integrantes de grupos remanentes de Sendero Luminoso, todos hijos de mandos o exjefes de aquella organización extremista que operó en el país durante las décadas del ’80 y el ’90.
Dos de los detenidos son Víctor Quispe Zúñiga, alias José e hijo de Víctor Quispe Palomino, líder del grupo; y Hugo Quispe Vargas, alias Hugo, primo del anterior e hijo del fallecido Gabriel Quispe Palomino, dijo el ministro del Interior. Los otros dos capturados son alias Romero, hijo del detenido Julio Chapo; y alias Andrés, presunto integrante del Comité Central.
Los arrestados tienen edades que van de los 19 a los 24 años y fueron detenidos el domingo por la noche en Mayapo, en el centro del país, dijeron las autoridades, informó la estatal agencia de noticias Andina. Según la agnecia, la ubicación de los detenidos se conoció por acciones de inteligencia y de inmediato se montó el operativo en Mayapo, distrito de Llochegua, provincia de Huanta.
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