Afiliación sindical, organización gremial, huelgas y paritarias, los ítems menos respetados. Empresas abusivas y estados permisivos.
«Los trabajadores y las trabajadoras están viviendo en primera línea las repercusiones de múltiples aspectos de las crisis: unos niveles históricos de desigualdad, la emergencia climática, la pérdida de vidas y de medios de subsistencia a raíz de la pandemia, y el impacto devastador de los conflictos», destaca el documento en su prólogo.
«Cuatro de cada cinco países bloquean la negociación colectiva y un tercio de los países ataca violentamente a los trabajadores y las trabajadoras. En todos los continentes se ha asesinado a sindicalistas. Allí donde las personas defienden los derechos y la justicia social, se les silencia con una represión brutal», apunta.
Entre los derechos más conculcados, se destaca la huelga y la negociación colectiva. Dice el IGD que «en 87% de los países se ha vulnerado el derecho de huelga. En Belarús, Egipto, Filipinas e India, las huelgas desembocaron en la persecución de dirigentes sindicales. En Sudán y Myanmar, las huelgas para oponerse al Gobierno militar fueron brutalmente reprimidas». Por otro lado, en «79% de los países se ha vulnerado el derecho a la negociación colectiva. En todas las regiones, la negociación colectiva se está deteriorando, tanto en el sector público como en el privado. El control extremo que ejerce el Gobierno sobre la negociación colectiva pudo constatarse en Túnez, donde es imposible».
El número de países que excluye el derecho a establecer o afiliarse a un sindicato aumentó de 106 en 2021 a 113. En Afganistán, Burkina Faso, Myanmar, Túnez y Siria se excluyó a los trabajadores de la representación en el lugar de trabajo. «En un clima de creciente violencia y ataques a los trabajadores, el número de países donde los trabajadores se ven expuestos a violencia física ha aumentado de 45 en 2021 a 50 en 2022». El extremo se registra en 13 países donde fueron asesinados referentes sindicales: Bangladesh, Colombia, Ecuador, Eswatini, Filipinas, Guatemala, Haití, India, Iraq, Italia, Lesotho, Myanmar y Sudáfrica. Además, en un 66% de los países los trabajadores no tienen acceso a la justicia, o tienen un acceso restringido.
«La gente percibe que los gobiernos han abandonado el deseo de protegernos a todos y han traicionado nuestra confianza. Las empresas no están obligadas a rendir cuentas y, en muchos casos, han perdido el sentido de la moral», asume Sharan Burrow, secretaria General de la CSI.
Según la clasificación del IGD, los diez peores países en 2022 son Bangladesh, Belarús, Brasil, Colombia, Egipto, Eswatini, Filipinas, Guatemala, Myanmar y Turquía. En el Brasil gobernado por Jair Bolsonaro se desctaca el aumento en el último año de las violaciones a los convenios y medidas de discriminación antisindical, junto con el abuso de las empresas contra sus empleados. El informe señala que parte de ese deterioro viene desde la Ley 13.467 que lesionó a «todo el sistema de negociación colectiva”, sancionada en 2017 durante el gobierno de Michel Temer.
Como dato positivo, se menciona que tres países mejoraron su clasificación: Arabia Saudita, El Salvador y Níger. La novena edición de este índice clasifica 148 países y se puede leer completo en <https://www.globalrightsindex.org>. «
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