La gravísima crisis en el partido gobernante de Bolivia, incluso con amenazas, enfrentamientos y heridos, y el llamamiento de una huelga contra el gobierno. Trasfondo de un conflicto que llegó al Congreso.
El fin de semana pasado, la disputa se manifestó en el congreso de la Confederación Sindical Única de Campesinos de Bolivia, que terminó con 450 heridos por enfrentamientos entre sectores y con intervención de la policía. El congreso culminó con dos dirigentes atribuyéndose el liderazgo. Lucio Quispe, reconocido por Arce, tomó posesión como secretario ejecutivo, mientras que Ponciano Santos, apoyado por Evo, lo desconoció y se asumió en el cargo. Hasta convocó a un paro con bloqueo nacional para el 4 de septiembre. Se trata de dos dirigentes con alta visibilidad en la representación de la disputa masista. Ambos sectores se acusaron mutuamente de la responsabilidad de los desmanes, y el propio Evo nombró directamente al jefe del gobierno: “Por instrucción del presidente Luis Arce, operadores políticos del Gobierno y la policía han perpetrado un atentado criminal”, declaró.
Días antes de eso, la cúpula del MAS había sugerido la eventual expulsión de Arce del partido, si insistía en su candidatura a la reelección. El vicepresidente del partido, Gerardo García, dijo que si Arce mantiene esa intención deberá buscarse “otro partido” y que es “imposible” aceptar la candidatura de quien llamó “un traidor”.
“Le hemos dicho a Luis Arce Catacora, si él quiere ser candidato de otro partido que lo haga, está en su derecho, pero tiene que tener conocimiento que está traicionando al MAS, porque él ha entrado por el MAS”. García exhortó además a cualquier persona que quiera ser candidato a la Presidencia, que “renuncie seis meses antes a su cargo para no aprovechar de las arcas del Estado para hacer campañas políticas” y que “estando de presidente o como ministro no aprovechen del poder para querer acusarnos y enjuiciarnos”, dijo. El señalamiento viene a cuento de que el sector evista acusa al gobierno de mantener una persecución judicial contra el expresidente. La razón es una causa que le inició el ministro de Justicia Iván Lima por “difamación”, luego de que Morales denunciara que el estudio del ministro, administrado por su hermano, defiende a una empresa que procesa al Estado por u$s 35 millones.
“Con estas amenazas de procesar, meter preso, inhabilitar a nuestro hermano Evo, aquí se rompió todo. Nosotros todavía estábamos con la esperanza de poder sentarnos, dialogar, debatir y ver cómo superamos nuestras diferencias, ahora estamos, tan claro como el agua y aceite, no se van mezclar nunca”, remarcó el vice del MAS, aunque el ministro aseguró que su denuncia tenía un carácter estrictamente “personal”.
Por su parte, el presidente no hizo alusiones directas al conflicto. Solo en un acto oficial del viernes por el Día del mototaxista, se refirió elípticamente a la necesidad de consolidar la unidad. “Allá, cuando hay divisiones en las organizaciones, hermanas y hermanos, es muy difícil llegar a acuerdos”, observó.
Antecedentes
La crisis en el MAS ya tiene varios meses, desde que la llamada ala “radical”, el sector más evista del partido, acusó al gobierno de Arce de apartarse de los lineamientos populares de la plataforma partidaria, además de señalar casos de corrupción no probados definitivamente y hasta vínculos con el narcotráfico. La principal disputa radica en el interés de reponer a Evo como candidato, algo a lo que efectivamente se resiste el sector llamado renovador.
El conflicto se reflejó en el Congreso, donde el bloque oficialista se partió entre evistas y arcistas, en enero pasado tras la expulsión de al menos 12 legisladores renovadores. La pelea continuó escalando con la ratificación del ministro de Gobierno, Carlos Eduardo Del Castillo en julio.
En medio de esta coyuntura, el exvicepresidente Álvaro García Linera consideró que la resolución corresponde solamente a los dos líderes, aunque afirma que debe continuarse la línea indígena para la candidatura de 2025, es decir, Evo Morales.
La crisis no solo amenaza con la gobernabilidad sino también abre el juego a las fuerzas de derecha que pueden capitalizar la fractura del partido que gobernó Bolivia casi dos décadas, generando transformaciones históricas.
El Movimiento al Socialismo debe elegir a su cúpula el próximo Congreso nacional previsto para los primeros días de octubre. La designación de nuevas autoridades debe cubrir una vacante vigente desde que esa elección fue prorrogada en 2021 por la autoridad electoral, que rige en las asociaciones sociales y políticas.
Según explica el vocal del Tribunal Supremo Electoral Tahuichi Tahuichi Quispe, el MAS “tiene una dirigencia política prorrogada; fue elegida el año 2017. Como tienen nuevo estatuto, ellos tienen la gran tarea de renovar su directiva”. En una entrevista con La Razón Radio, advirtió que “desde 2021, por Ley, las organizaciones debieran adecuar sus estatutos hasta diciembre de 2021. Luego de 2021, tienen que elegir sus directivas”, recordó el vocal aunque aclaró que “la prórroga es legal”. La jugada del evismo de realizar el congreso partidario en Cochabamba apunta a reunir la mayor cantidad de agrupaciones que apoyen la postulación de Evo como jefe del partido y su eventual candidatura presidencial.
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