Inesperadamente, el país aprobó un documento que deslegitima las elecciones que dieron ganador a Daniel Ortega por el 75% y reclama la liberación de presos. La negociación de la deuda del FMI y el incómodo voto con Almagro, Guaidó y la derecha regional.
Pero además es inevitable que se cuele también la sospecha de un guiño a la administración de Joe Biden como intercambio de favores para la negociación por la deuda del FMI que el gobierno de Donald Trump facilitó durante la gestión de Mauricio Macri.
Claro que hay algunos aditamentos a tener en cuenta. Las relaciones entre Nicaragua y Argentina no están en su mejor momento y en Buenos Aires, dicen los que conocen la entretela, recelan del bloqueo nicaragüense a la presidencia de Alberto Fernández en la Celac. Por otro lado, hay informes incluso de Parlasur que cuestionan severamente la detención de dirigentes opositores. En junio pasado, México y Argentina habían dado muestras de malestar y convocaron a sus embajadores en Managua ante “las preocupantes acciones políticas-legales” del gobierno de Ortega.
En el Palacio San Martín, a su vez, tras el cambio intempestivo de Felipe Solá por Santiago Cafiero, las cartas no están del todo claras. Si bien el vicecanciller sigue siendo Pablo Tettamanti, la política exterior se recuesta más en Gustavo Béliz, secretario de Asuntos Estratégicos de presidencia, y en el embajador en Washington, Jorge Argüello.
Ambos tienen mucha llegada a los demócratas y experiencia en esas lides del DC -Béliz integró el staff del Banco Interamericano de Desarrollo por 15 años y Argüello fue embajador de Cristina Fernández y antes, en la ONU–, un handicap clave cuando el principal objetivo del gobierno de Alberto F. luego de este domingo será arreglar la estrambótica deuda con el FMI.
El presidente ya se reunió en la semana con un puñado de grandes empresarios para contarles precisamente su necesidad de acordar con el Fondo, para lo cual busca apoyo entre la oposición y el poder económico. Béliz, por su parte, tuvo un encuentro en la capital de EE UU con Jake Sullivan, consejero de Seguridad de Biden.
Desde sectores ligados al kirchnerismo cuestionan que en la OEA se votó junto con los gobiernos de la derecha proestadounidense más rancia, como los actuales de Chile, Colombia, Ecuador y Uruguay. Y que por Venezuela participó un delegado del diputado Juan Guaidó, al que esos gobiernos consideran presidente interino, a pesar de que no tiene ningún resorte del poder real dentro del país bolivariano. Cierto es que también votó a favor el representante de Pedro Castillo, el presidente peruano.
En resumen, votaron en contra Nicaragua y se abstuvieron México, Honduras, Bolivia, Dominica, Belice, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas. La moción de Canadá tuvo el aval de Chile, Antigua y Barbuda, Costa Rica, Ecuador, Uruguay y República Dominicana. El documento aprobado considera que “las elecciones de 7 de noviembre en Nicaragua no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática” y reclama “la liberación de los todos candidatos y presos políticos”.
Tettamanti explicó el voto argentino: «Hemos acompañado el actual proyecto de resolución con la convicción, la esperanza y la voluntad política de seguir trabajando a favor del diálogo». También señaló el rechazo a la imposición de sanciones y bloqueos, lo que evidencia que el documento final fue muy trabajado. Pero el texto compromete al organismo a realizar “una evaluación colectiva inmediata de la situación” en Nicaragua a ser completada antes del 30 de noviembre.
Desde Managua se tildó la iniciativa de una “grosera injerencia” que obedece a “campañas terroristas” contra la soberanía nicaragüense. Y resaltaron que en el mismo día en que la OEA castigaba al gobierno de Ortega, Nicaragua fue reelecta como miembro de la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas. El embajador Carlos Argüello tendrá un nuevo período de cinco años, tras haber representado al país en la Corte Internacional de Justicia por más de 36 años. «
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