Tras faltar a varias citaciones, concurrió al interrogatorio para explicar el vínculo con Balkbrug, la SA con la que editó el diario entre 2010 y 2016. Los gestos de cinismo y la búsqueda de licuar responsabilidades empresarias hacia sus socios.
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Luego de varios meses en los que Szpolski logró eludir las notificaciones de una citación judicial, finalmente tuvo que presentarse a declarar en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°23 que lleva adelante la quiebra de Balkbrug SA. Lo hizo acompañado de Hernán Frajnd, su abogado, y fue interrogado por alrededor de dos horas tanto por el juzgado como por la sindicatura que actúa en la causa acerca de la relación que mantenía con la sociedad anónima y con las otras personas que figuran en la quiebra impulsada por los trabajadores que reclaman las indemnizaciones nunca pagadas por Szpolski, Garfunkel y el resto de los socios del Grupo 23.
Szpolski buscó minimizar las vinculaciones señalando que se basaban en artículos de prensa. Pero en el Juzgado se le informó todas las preguntas partían de una rigurosa investigación que ya lleva varios cuerpos y cuenta con el aporte de pruebas producidas tanto por los trabajadores, representados por su letrado Andrés Bernal, como por la sindicatura a cargo de Pablo Berardino.
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En noviembre de este año Tiempo había anticipado que para la sindicatura tampoco había dudas sobre la titularidad de Balkbrug. Del material presentado en la causa «surge indubitablemente» que tanto él como Garfunkel son «los verdaderos dueños de la sociedad fallida». Por eso pedía la “inhibición general de bienes” tanto de ellos como de Mariano Martínez Rojas, el presunto comprador que Szpolski quiso meter en el medio del vaciamiento para deslindarse de responsabilidades. Si bien este último no puede acreditar la titularidad del bien, su propia autoincriminación obligan a considerarlo parte aún. Estos últimos dos también están en la lista para declarar, pero Garfunkel se encuentra actualmente fuera del país y Martinez Rojas, también procesado por el ataque a la redacción de Tiempo en julio de 2016, en prisión por otra causa conocida como la “mafia de los contenedores”.
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