Dispositivos antirrepresivos, guardias legales y convocatoria para garantizar masividad son los ejes de la movilización contra la Cumbre de los presidentes. El resultado de las reuniones y negociaciones con funcionarios del gobierno.
Este jueves ya empezaron a funcionar las actividades académicas y políticas en las afueras de Congreso. Foros feministas, charlas sobre soberanía alimentaria se mezclan con las carpas instaladas por los partidos políticos y movimientos sociales desplegadas sobre Rivadavia e Hipólito Yrigoyen. Esta noche habrá un festival cultural -la “Fiesta de los Pueblos”- en el que tocarán bandas como Arbolito, Sudor Marika y Daniel De Vita.
En tanto, este viernes la movilización partirá a las 15:00 desde San Juan y 9 de Julio y se dirigirá hacia el Congreso. Bajo el lema “Por las soberanías política, ambiental, cultural y económica de nuestros pueblos y nuestros cuerpos”, sindicatos, movimientos y organizaciones políticas desplegarán un dispositivo de seguridad para poder garantizar el derecho a la protesta.
Por su parte, Juan Grabois de la Ctep, señaló a Futurock que «la marcha de mañana contra el G20 será masiva y pacífica». Y subrayó: «Hay que trasmitir ese mensaje. La idea de que van a haber infiltrados la difunde el propio gobierno. Nadie se tiene que quedar en su casa por temor a que algo suceda», puntualizó.
En tanto, desde la Confluencia No al G20 FMI, adelantaron a Tiempo que esperan que la marcha sea masiva a pesar de la falta de transporte público y la declaración del asueto. También señalaron que siguen en contacto con las autoridades nacionales para advertir ante cualquier situación que ponga en riesgo a los manifestantes, en particular al momento de la desconcentración.
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Con ese objetivo, el espacio coordinó un plan para evitar que miembros de las fuerzas de seguridad ataquen a manifestantes aislados, tal como sucedió durante la movilización feminista del 8 de marzo de 2016 y otras marchas recientes en el centro de la Ciudad. Así lo acordaron después de las tres reuniones que tuvieron con el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Gerardo Milman, y Daniel Barberis, director de Violencia Institucional, ambos funcionarios de Bullrich.
En tanto, las organizaciones convocantes articularon un dispositivo legal en colaboración -por primera vez en forma conjunta- con organizaciones antirrepresivas, organismos de derechos humanos y colectivos de abogados. Esa campaña difundió una lista de teléfonos a los cuales recurrir “ante cualquier situación de represión”.
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