Está acusada de haber aprobado pagos irregulares a la firma Meller S.A., cuyos dueños Sergio y Gustavo Meller también están imputados en el debate oral y público que empezó el viernes por la tarde ante el Tribunal Oral Federal N°6.
Antes del inicio del debate se realizó una audiencia en la que el fiscal general y la querellante Oficina Anticorrupción (OA) se opusieron a la suspensión del juicio a prueba de los empresarios Sergio Enrique Meller y Gustavo Mario Meller.
El Tribunal resolvió en línea con lo postulado por los acusadores, de manera que los hermanos Meller también están entre los imputados en el debate oral y público que comenzó cerca de las 14 del viernes. En su caso, se les endilga la participación necesaria en el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Entre los acusados también están los ex gerentes de Asuntos Legales de ENTel Gustavo Daneri y Gustavo Cresta y la integrante del Tribunal Arbitral de Obras Públicas Yolanda Eggink -a quien, a diferencia de los demás imputados, se le endilga el delito de prevaricato-quien en 2015 fue condenada por beneficiar al Grupo Greco durante su paso por el Ministerio de Economía.
El hecho investigado
De acuerdo a la hipótesis acusatoria, a través de dos expedientes administrativos los funcionarios a cargo de la liquidación de la empresa estatal autorizaron el pago a Meller S.A. de $ 3.326.580,47 pesos/dólares, primero, y otros $ 28.942.839,31 pesos/dólares, después. La compañía le reclamaba a ENTel el pago por la publicación anual de las ediciones de las guías telefónicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus alrededores, correspondientes a los años 1988, 1989 y 1990. La causa fue elevada a juicio en 2011 por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4. En la etapa de instrucción intervino el fiscal federal Gerardo Di Masi.
En ese sentido, las decisiones administrativas adoptadas por los funcionarios habrían soslayado las observaciones de diversos organismos de control, como la Sigen, y la Procuración del Tesoro de la Nación. Un peritaje indicaba, por ejemplo, que la deuda que Meller S.A. podía reclamar era de tres millones. Es decir, holgadamente menor al pago autorizado.
Otra condena por la liquidación de ENTel
La actuación en ENTel de la ex funcionaria de los gobiernos de Carlos Menem ya le valió una condena a cuatro años de prisión en 2014, por una contratación fraudulenta, en 1994, con la Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por las firmas KPMG, Copiaga S.A. y el estudio Fernández Madero.
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