Fue presentada por los diputados de la Coalición Cívica Juan Manuel López y Mariana Stilman. Señalan que se trató de "un alzamiento contra la Constitución y el Estado de Derecho".
Una de las denuncias fue presentada por los diputados de la Coalición Cívica Juan Manuel López y Mariana Stilman y cayó por sorteo en el juzgado federal 2 de los tribunales federales de Retiro, a cargo de Sebastián Ramos, con intervención del fiscal Franco Picardi.
Los denunciantes consideraron que el juez de Paraná incurrió en «una violación» de la Constitución Nacional, «un alzamiento contra ella y, por ende, del Estado de Derecho, lo cual no puede pasar desapercibido».
«La referida decisión del juez Alonso significa un precedente de una enorme gravedad institucional que excede al caso concreto que, consiguientemente, afecta el normal funcionamiento de las instituciones de nuestro país», sostuvieron.
El lunes, la Corte Suprema de Justicia anuló todo lo actuado por el juez Alonso, que dispuso la medida cautelar que frenaba la designación de representantes del Congreso en el Consejo de la Magistratura; lo reprendió y lo denunció ante el organismo que analiza la conducta de los magistrados por supuesto mal desempeño de sus funciones.
«Se declara la nulidad de todo lo actuado por el Juzgado Federal N°2 de Paraná en la causa «Casaretto, Marcelo Pablo c/ Cámara de Diputados Nacionales y otro s/ amparo ley 16.986″ (exp. FPA 3415/2022)», resolvió el máximo tribunal.
En la misma resolución, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda dispusieron que se comunique lo decidido por el máximo tribunal «al Consejo de la Magistratura a fin de que evalúe la conducta del magistrado de acuerdo a lo establecido en los considerandos 5° a 8°».
En tanto, en el mediodía del miércoles el juez Alonso también fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura por el presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más conocido como el Colegio de la calle Montevideo, quien sostuvo que el magistrado debería ser suspendido de inmediato y luego sometido a juicio político para que se evalúe su eventual destitución por mal desempeño.
La denuncia fue presentada por el presidente de esa institución, Alberto Garay, quien afirmó que el juez Alonso «demostró un grave e inexcusable desconocimiento del derecho o, lo que puede ser peor, decidió omitir la aplicación del derecho en forma dolosa».
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