El gobierno planea dejar sin indemnización a las víctimas de Río Tercero

Por decreto, el gobierno planea no indemnizar a los más de diez mil damnificados por las explosiones en Río Tercero. Así lo denunció el diario cordobés La Nueva Mañana, enfatizando que “la trampa jurídica mortal se elaboró para esquivar el espíritu y todos los preceptos enumerados en la ley sancionada en el año 2015”. Para Mario Ponce, abogado que lleva las representaciones de las víctimas desde 1997, esta decisión del presidente Mauricio Macri “es otra bomba para Río Tercero”.

En 2007, las 10.119 personas que litigaron contra el Estado nacional por daños morales y psicológicos y perjuicios, a partir de la voladura de la fábrica de explosivos diez años antes, en el marco de las denuncias por venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador, firmaron un acuerdo con el gobierno nacional, en ese entonces conducido por el kirchnerismo. Entre las partes resolvieron suspender todos los juicios con el compromiso de que el Estado sancionara una ley reparatoria e indemnizatoria que de por finalizado el pleito judicial. El texto recién tuvo media sanción en 2014, y en octubre de 2015 lo convirtió en ley la Cámara Alta, con un plazo de sesenta días para que sea reglamentada por el Poder Ejecutivo. En esos ocho años las víctimas cumplieron con el compromiso e inmovilizaron las causas, a la espera de que el Congreso actuara. 

Ante las continuas dilataciones, las víctimas consiguieron un amparo para que se acelere la oficialización de las indemnizaciones. El 15 de febrero pasado, intimado por el Juzgado Federal de Río Cuarto a cargo de Carlos Ochoa, para que reglamente la norma 27.179, el gobierno le presentó el decreto reglamentario en el que niega el pago a todos los damnificados creando un nuevo concepto legal acerca del significado judicial de “causa vigente”. 

Dice el artículo periodístico que el gobierno entiende por causa vigente, en los términos previstos en esta norma, a “todos aquellos procesos judiciales en los que los actores hubieren instado el curso de la instancia dentro de los 6 meses inmediatos anteriores al 5 de octubre de 2015”, fecha en la que el Congreso de la Nación sancionó la ley de reparación: “Es decir que ocho años antes, el gobierno y demandantes se comprometieron a desistir de los juicios para que ahora el presidente Macri decrete que solo les pagará a los damnificados que tengan sus causas vigentes a partir de los seis meses anteriores de la sanción de la ley. Insólito”. Y agrega: “a lo largo de ocho años, los ciudadanos, víctimas de uno de los casos de corrupción más bárbaros en nuestra historia, creyeron que podrían confiar en el Estado y siguieron paso a paso, puntillosamente, los acuerdos alcanzados para que finalmente y ante la sorpresa de todos ellos, el Estado termine por estafarlos. 

Tras la presentación oficial de la maniobra judicial, el abogado Ponce llevó ante el juez federal un escrito en el que explica que todas las causas están vigentes de acuerdo a la ley procesal, sólo la perención de instancia o la caducidad declarada por el tribunal hacen caducar las demandas y “nunca” podría hacerlo un “malicioso decreto reglamentario”. Además señala que el texto del Gobierno contiene una ilegalidad manifiesta, va en contra de la Constitución Nacional porque altera el espíritu de la ley, del Código Procesal Civil y de la propia actuación del tribunal en la causa, ya que emitió los certificados previstos en la ley para habilitar el cobro de las indemnizaciones. Además exhorta al juez a que haga cumplir la sentencia que obliga al gobierno a reglamentar y cumplir con el texto de la ley.

La presentación del gobierno estuvo a cargo del Dr. Juan Mocoroa, el mismo que estando a cargo de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, en ese momento de Oscar Aguad, presentó la condonación de la deuda multimillonaria que el Grupo Macri tenía con el Estado, por la concesión del Correo Argentino. Aguad pasó a Defensa, donde pertenecen estos litigios por la fábrica de explosivos, y Mocoroa ejecutó esta decisión legal que puede dejar sin indemnización a diez mil  riotercerenses, tras 20 años de reclamos.