La diputada nacional y exministra de Defensa denunció ante la Justicia Federal el hackeo a sus comunicaciones por el que desconocidos accedieron a sus mails y cambiaron una clave bancaria.
Garré pidió al juez Rodolfo Canicoba Corral, en cuyo juzgado recaló el expediente, que investigue el eventual “accionar encubierto de alguno de los Servicios de Inteligencia que oficial o extraoficialmente operan en el país, por fuera del marco de legalidad vigente”.
El 11 de enero pasado, Garré recibió un llamado en su celular en el que una voz que se identificaba como perteneciente a la empresa de telefonía celular Claro le anoticiaba que “habría obtenido beneficios o circunstancias similares con relación al servicio de Internet y que por esas razones podría sufrir posteriormente interrupciones momentáneas en el servicio de telefonía celular”. La diputada respondió que “carecía de vínculo con la empresa Claro y de todo interés en lo que le estarían comunicando”.
Luego de ese llamado, su línea quedó incomunicada durante algunas horas y cuando efectuó el reclamo ante su proveedora del servicio, Personal, “se le informó que la línea de referencia había sido transferida esa tarde a otro teléfono celular marca Samsung, también a su nombre”. Garré explicó que carece de un aparato Samsung y subrayó que “nunca había solicitado esa transferencia y que fuera dejada sin efecto”.
Simultáneamente, recibió un llamado desde la entidad bancaria con la que opera informándole que “había sido modificada su clave personal, inquiriéndole si efectivamente había procedido de tal manera, y ante su categórica negativa fueron anuladas todas las vías de acceso”. Probablemente ello evitó una defraudación a gran escala.
Además, Garré comprobó que desconocidos habían accedido a su casilla de e-mail. “Persona o personas desconocidas hasta el presente han tenido notoriamente acceso indiscriminado a informaciones y/o vínculos de la diputada nacional y profesional de la matrícula de carácter secreto y confidencial, que incluso exceden el plano personal, familiar o social, para incursionar en un conocimiento indebido de aspectos relaciones con sus funciones en uno de los Poderes del Estado Nacional y/o con sus actividades políticas”, sostiene la denuncia penal.
La acción judicial apunta, inicialmente, a la empresa Telecom Argentina S. A., que opera la marca “Personal”, pero extiende los alcances de la investigación a la eventual intervención de otros organismos oficiales o clandestinos. Garré denunció “impedimento, obstrucción o entorpecimiento de las comunicaciones telefónicas y/o violación de secretos y de la privacidad y/o alguna de las conductas punibles y/o de las normas de seguridad que vedan la realización de actividades de inteligencia interior sobre personas físicas o jurídicas”.
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