El juzgado informó que investiga una supuesta "organización" que "operó entre 2008 y 2015". El período es posterior a la cesión de Iecsa a Calcaterra. Denunciarán a Stornelli.
El sorpresivo informe publicado el viernes último en la página de Internet del Centro de Información Judicial (CIJ) es oficial y exhibe como fuente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11. Ese documento tiene un detalle que pasó casi inadvertido: habla de la «existencia de una organización delictiva conformada por funcionarios públicos» que operó «entre los años 2008 y 2015».
¿Por qué esa delimitación temporal, si las fotocopias de los cuadernos y, sobre todo, varios de los «arrepentidos», consignaron que el supuesto mecanismo espurio de recaudación ilegal se remonta a 2004?
Tal vez la respuesta esté en que la familia Macri vendió una de sus empresas, IECSA, al primo del hoy presidente, Angelo Calcaterra, en 2007. Al delimitar el accionar delictivo entre 2008 y 2015, Macri queda afuera. Pero el expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner, en su declaración como arrepentido, corrió la línea de tiempo hacia atrás. ¿Mintió Wagner?
Otro detalle: en 2008 Néstor Kirchner ya no era presidente.
Mañana, lunes, el abogado Fernando Miguez, presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático de Argentina, se presentará ante el fiscal Jorge Di Lello a ratificar su denuncia en el marco de la causa 132.233/18. Allí pidió que se investigara la supuesta existencia de una reunión en la quinta presidencial de Olivos entre el presidente Macri, su primo Angelo Calcaterra, el exgerente de IECSA Javier Sánchez Caballero y el fiscal Carlos Stornelli el fin de semana previo al lunes 6 de agosto. Sobre la base de artículos periodísticos que dan cuenta de esa reunión, Míguez denunció que en ese encuentro se definió la estrategia para que Sánchez Caballero, que estaba preso, recuperara la libertad y Calcaterra declarara como arrepentido y obtuviera una exención de prisión. Según la denuncia (y las publicaciones) Macri participó de esa reunión. El juez de la causa es Julián Ercolini, pero delegó las decisiones en el fiscal.
Toda la comunidad jurídica, más allá de simpatías personales y diferencias ideológicas, coincide en dos apreciaciones respecto de la causa: que tiene una gravísima falla de origen (la asignación irregular a Bonadio, lo que se conoce como «Forum Shopping», y la violación de la garantía de defensa y debido proceso al excluir al abogado Carlos Beraldi del allanamiento al departamento de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ambas pueden ser causales de apartamiento del juez.
El viernes por la noche se sumó un tercer factor: Bonadio pudo haber «prejuzgado» al emitir el informe publicado en el CIJ. En un expediente en el que los abogados se quejan todo el tiempo porque no les permiten acceder a la documentación para ejercer las defensas, el juez emitió un documento oficial en el que ya definió (antes de dictar una resolución con los previsibles procesamientos y preventivas) quiénes integran la asociación ilícita y sus roles.
Pero más allá de esas objeciones casi monolíticas, en las que coinciden incluso jueces y fiscales vecinos de Bonadio, todos pronostican que la Cámara Federal sostendrá al juez contra viento y marea. El tribunal de alzada ya rechazó buena parte de las recusaciones y nulidades presentadas por las defensas e, incluso, se sostienen entre ellos: el martes pasado, el camarista Martín Irurzun rechazó la recusación contra su colega Leopoldo Bruglia que había formulado el abogado Domingo Montanaro, defensor del influyente auditor general de la Nación y eximido de prisión en la causa Javier Fernández.
La Cámara también ratificó el criterio que eligió Bonadio desde el principio: el que habla, sale; el que no se arrepiente, queda preso. De hecho, las denegatorias de las excarcelaciones (todas iguales) firmadas por Irurzun y Bruglia con una invitación al arrepentimiento. «Varios imputados ya se han acogido a la figura prevista (del arrepentido), no pudiéndose descartar la posibilidad de que otros se sumen a este supuesto… En este contexto, la libertad del imputado podría poner en serio riesgo la investigación y recolección de prueba». Dicho de otro modo: los que se arrepintieron y colaboraron no ponen «en serio riesgo la investigación» y, por eso, salen. Venga, confiese y se va.
La seducción para el arrepentimiento genera, incluso, diferencias entre los propios tribunales colegiados. El exfuncionario José López fue aceptado como «imputado colaborador» el viernes, pero desde hacía una semana venía recibiendo mimos que incluyen que, si bien sigue estando detenido, no permanezca en una cárcel. Dos jueces del tribunal oral federal N° 1 que lo está juzgando por enriquecimiento ilícito, José Antonio Michilini y Ricardo Basílico, aceptaron que lo llevaran a una casa segura y confortable. El tercer juez, Adrián Grünberg, se inclinó por cambiarlo de penal y ponerlo a salvo, intramuros, de cualquier agresión.
La Cámara también definió como objetivo prioritario de la investigación la recuperación del dinero supuestamente robado. «Teniendo en consideración la hipótesis delictiva objeto de pesquisa y la magnitud de los montos comprometidos cuya incautación y afectación a la causa resulta una de las tareas primordiales del juez, deviene ineludible mantener la restricción (de la libertad) cuestionada para evitar también que el imputado realice conductas tendientes a sustraer del alcance de la justicia los bienes y/o el provecho del ilícito imputado».
¿Ha sido exitosa, hasta ahora, la investigación? A juzgar por los parámetros mediáticos que hablan del «robo de 36 mil millones de dólares», uno o varios PBI, o lo parece. El informe publicado en el CIJ explica que después de 70 allanamientos realizados en todo el país, 52 indagatorias y 17 arrepentidos se secuestraron unos seis millones de pesos, poco más de un millón de dólares, 235 mil euros y 250 cuadros. «
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