El fiscal porteño había denunciado supuesta "vulneración de garantías constitucionales o arbitrariedad" por parte del juez federal de Dolores en su presentación en el Congreso.
Los camaristas Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez rechazaron un segundo planteo de “recusación” formulado por el abogado de Stornelli, el ex fiscal Roberto Ribas, quien argumentó que Ramos Padilla había perdido imparcialidad al exponer ante dos comisiones del Congreso sobre una causa en trámite.
El juez Jiménez reconoció que “existe una especial tensión entre la divulgación pública de constancias probatorias recogidas en el marco de una incipiente instrucción judicial, en la que el director del proceso -invocando la obligación republicana de los funcionarios públicos de dar publicidad de sus actos de gestión- habría hecho referencia no solamente al objeto y estado de la investigación, sino al grado de participación de los imputados en las conductas que tales pruebas acreditarían y, por otra parte, la reserva que de manera expresa ordena el código de rito respecto de la instrucción penal en relación a terceros ajenos a la misma”.
Sin embargo, aclaró que “la comparecencia de Ramos Padilla ante una entidad oficial como la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados de la Nación, el aporte en ese ámbito público de datos del expediente que en su mayoría ya eran de conocimiento periodístico y las precisiones que fijara al respecto, sumado a la calidad de funcionario público de uno de involucrados en las conductas investigadas –recordando que en sociedades democráticas los funcionarios se exponen voluntariamente al escrutinio y la crítica, no alcanzan a evidenciar una actitud de parcialidad procesal en perjuicio del recusante que autoricen su apartamiento”.
El voto del juez Jiménez deja abierta la posibilidad de que sea el Consejo de la Magistratura el que juzgue si Ramos Padilla incurrió en un eventual mal desempeño de sus funciones, pues dejó a salvo “las medidas que en su caso pudiere adoptar el organismo correspondiente si considerare que el magistrado hubiere incurrido ante algún tipo de falta disciplinaria al divulgar la investigación penal ante esa Comisión y los medios periodísticos que reflejaban lo que ocurría en esa audiencia”.
El camarista Tazza se adhirió a los argumentos, por lo cual Ramos Padilla quedó por ahora confirmado al frente de la investigación.
No obstante, aún falta resolver un pedido de apartamiento por incompetencia territorial, pues Stornelli (y también el fiscal federal de Dolores, Juan Pablo Curi) sostienen que la mayor parte de los hechos investigados ocurrieron en la Capital Federal, de modo tal que deberían intervenir los tribunales federales de Comodoro Py 2002.
La Cámara marplatense aún no se pronunció sobre ese punto. Más aún, el fallo aclara que “la cuestión relacionada con la competencia del órgano investigador que aquí también esboza el recusante, ha de ser resuelta en el correspondiente ámbito de discusión generado a tal efecto sin que el trámite del presente implique atribución tácita de competencia ni precedente en contra sobre la materia”.
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