La Corte pone al borde de la agonía una causa de corrupción emblemática

La Corte Suprema puso a un soplido del nocaut a una vieja y emblemática causa de corrupción durante el menemismo: IBM-DGI. Se trata de un desfalco de unos 120 millones de dólares, algo así como 13 veces y media el dinero hallado en los bolsos del ex secretario de Infraestructura José López, detenido en junio de 2016 y cuyo juicio oral comenzó esta semana.

En 2018 se están cumpliendo 20 años desde que se inició la investigación judicial por el Caso IBM-DGI, a raíz de las sospechas del pago de coimas de ejecutivos de la multinacional de la computación con sede en Estados Unidos a funcionarios del gobierno argentino para la informatización de lo que hoy es la AFIP. Esa causa es la repetición de otra de características similares, pero para prestar ese mismo servicio a la casa central y las sucursales del Banco de la Nación Argentina.

El Tribunal Oral Federal número 3 había declarado prescripta la causa IBM-DGI a principios de 2016, cuando se cumplieron 18 años de trámite y 22 desde que ocurrieron los hechos. El descomunal paso del tiempo justificaba la prescripción. A modo de ejemplo, uno de los delitos más graves previstos en el Código Penal, el homicidio doloso simple, contempla penas que van de los ocho a los 25 años de cárcel. Los delitos económicos tienen penas muy menores en comparación. Cualquiera hubiera sido el cálculo cronológico que se hiciera, la causa debía ser cerrada sin culpables, según determinó el tribunal oral.

Pero a fines de ese año, la Cámara Federal de Casación –el máximo tribunal penal del país–, en un voto muy dividido de los jueces Juan Carlos Gemignani, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, revocó la prescripción y envió el expediente de nuevo al tribunal oral para que, de una vez y por todas, realizara el debate. El expediente parecía encaminarse a su etapa de definición, pero los abogados de los imputados apelaron la medida. ¿Quiénes? Entre otros, Ricardo Cossio, extitular de la DGI, y Juan Carlos Cattáneo, exnúmero dos de la Secretaría General de la Presidencia en tiempos de Alberto Kohan. Juan Carlos Cattaneo es hermano de Marcelo, quien era investigado como el supuesto encargado de distribuir las coimas y apareció muerto (colgado) en un paraje de la Costanera porteña. La causa se cerró como «suicidio».

También apelaron Carlos Alberto Juni, Félix De Barrio y Gustavo Carlos Krieger, los tres vinculados con la empresa Segurex SA, relacionada con Cossio y supuestamente utilizada para canalizar los pagos ilegales. ¿Por qué apelaron? Porque de la lectura del fallo de Casación se desprende que no existió una mayoría de votos coincidentes en los argumentos. El juez Mariano Borinsky se inclinó por confirmar la realización del juicio oral; Juan Gemignani invocó compromisos internacionales asumidos por la Argentina contra la corrupción e interpretó que la causa era «imprescriptible»; Roberto Hornos, por su parte, reinterpretó las causas que interrumpen una prescripción (las secuelas de juicio) y concluyó que los plazos no estaban vencidos. Para tres jueces de la Corte, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, eso no es una mayoría. Entonces dejaron sin efecto el fallo y mandaron a dictar uno nuevo, probablemente con otro tribunal. Elena Highton de Nolasco votó en disidencia.

El expediente volverá ahora a la Cámara de Casación, que deberá revisarse a sí misma. Y donde dijo que la causa no estaba prescripta y debía realizarse el juicio deberá corregirse o bien hacer un esfuerzo argumental de tal magnitud que convenza a la Corte.

Como si hubiera corrupción tolerable y corrupción intolerable, y en una clara muestra de cómo el paso del tiempo disminuye la magnitud de los escándalos, la Causa IBM-DGI agoniza, herida de muerte en los laberínticos pliegues y repliegues de los tribunales. «