«La sensación que tenemos todos es que les salió el tiro por la culata»

Ismael Jalil dice que no está todo perdido en la Argentina, que por lo menos esto sirvió de algo. A su lado, Paola y Marcelo Salomón, los padres de Axel y Gamal, detenidos por su presunta vinculación con grupos terroristas islámicos, asienten resignados. Jalil, veterano abogado de Derechos Humanos, apenas «Turco» para los amigos y conocidos, lo explica: «La reacción de una inmensa mayoría, de todos los sectores de la sociedad, fue de solidaridad para con la familia y la comunidad libanesa y de repudio para el gobierno y la Justicia. La sensación que tenemos todos es que les salió el tiro por la culata. Pero el costo que estamos pagando es muy alto».

Axel Ezequiel Abraham Salomón tiene 26 años, es padre de una nena de dos años, y atiende el mostrador (a veces también se ocupa del reparto) de un comercio de venta de artículos sueltos de limpieza. Al igual que su hermano Gamal, de 23, se crió en Floresta, donde es un miembro reconocido de la comunidad libanesa. Gamal, por su parte, trabaja en ICANA, el instituto de idiomas donde, paradójicamente, se realizan trámites para obtener la visa de ingreso a los Estados Unidos. Desde el jueves, cuando una comitiva de policías irrumpió por orden del juez federal Sebastián Ramos en la casa de Chivilcoy al 400, están detenidos acusados de tenencia de armas de guerra y acopio de municiones o, en palabras de Jalil, «del delito de portar un origen, de tener una creencia, de simpatizar con las ideas de justicia social, todos elementos contrarios a este gobierno».

Todo –las detenciones, la propaganda oficialista de lucha contra el terrorismo, la cobertura complaciente de los medios hegemónicos– comenzó por un correo electrónico anónimo que fue enviado a la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), que alertaba que el menor de los hermanos Salomón era seguidor de Hezbolá, manejaba armas de guerra y habría recibido entrenamiento militar en Medio Oriente.

Al juez Ramos le alcanzó y ordenó un primer allanamiento donde se secuestraron dos computadoras portátiles, dos CPU, tres teléfonos celulares y un «arsenal» compuesto por una carabina Mauser calibre 7.65 con mira telescópica (muy antigua), una escopeta calibre 16 y una carabina de aire comprimido, armas típicas de actividades de caza. Además, tenían dos revólveres calibre 38 largo, una pistola Bersa calibre 22, un revólver calibre 25, dos revólveres calibre 22 y municiones.

De inmediato, Galeb Moussa Hamad, uno de los familiares de los detenidos, explicó a los medios que «son armas viejas, de un bisabuelo de los detenidos. No estaban operativas y presentaron carnet de caza de mi tío y del Tiro Federal. Presentaron los papeles de la portación. Tienen las facturas de compra».

Sin embargo, el viernes a la mañana continuaron los allanamientos, provocando la indignación de la comunidad que denunció «una clara persecución política y religiosa».

«La ropa no es militar. Es camuflada, porque mis hijos iban a cazar. Las armas eran de mi abuelo, que murió en 2008 a los 82 años. Las tenía desde que era conscripto militar. Cuando falleció, las heredé yo. La única que compré fue una Bersa calibre 22, pero jamás fueron manipuladas por mis hijos. No las saben usar. Y las municiones estaban bajo llave», detalló Marcelo Salomón, el padre, a la prensa.

Con respecto a los viajes a Medio Oriente, el hombre explicó que «el más chico estuvo dos meses en Irán haciendo un curso de religión. Al Líbano fuimos varias veces a visitar a la familia y nos quedamos 25 o 30 días. Y a Siria fueron en 2009 sólo por dos días, cuando la familia fue a visitar el santuario del nieto del profeta».

«La lectura del hecho –concluye Jalil– es que vivimos en un estado de excepción, donde se derriban todas las garantías y derechos y en donde este gobierno ha hecho objeto de persecución a grupos concretos como lo es la comunidad islámica o musulmana, creando hipótesis de conflicto en el contexto del G20 en cumplimiento de su rol como esclavo con látigo de Estados Unidos». «

La ola de detener extranjeros

El antecedente todavía está fresco: cuatro extranjeros detenidos en el marco de la violenta represión desatada afuera del Congreso mientras se debatía el Presupuesto 2019, bajo argumentos similares de violencia, activismo anarquista y en contra del G20.

Felipe y Víctor Puleo Artigas, unos venezolanos de 31 y 23 años, sospechados de integrar los servicios de inteligencia de Nicolás Maduro; Luis Fretes, un paraguayo de 26 que, se dijo, formaría pare de un grupo anarquista en Asunción; y el turco Anil Baran, apuntado como activista contra el G20, todos detenidos durante una «razzia» de la policía  mientras caminaban por las calles de Constitución, lejos de la Plaza del Congreso e imputados por «atentado y resistencia a la autoridad, daño y lesiones».

Sin embargo, hasta el momento, nada de todo lo alegado por el gobierno y replicado por la mayoría de los medios se pudo probar, salvo las residencias precarias vencidas de los venezolanos y la simpatía del turco, un residente de la provincia de Córdoba felizmente casado con una argentina,  por la figura del Che Guevara.