Las pruebas sobre el nexo entre la AFI, D’Alessio, Bonadio y Clarín

Un documento hallado en una de las computadoras del falso abogado Marcelo D’Alessio, supuestamente encargado por el juez federal Claudio Bonadio, en el marco de una causa a su cargo, parece demostrar el vínculo con la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para realizar espionaje contra empresarios relacionados con el kirchnerismo y el escrache mediático de su situación.

En una computadora secuestrada en los allanamientos a la casa de D’Alessio, con identificación de  “Gabinete sentey negro”, fue descargado el 27 de marzo de 2018 un documento titulado “cifentes” (sic). Alude a la situación del empresario rionegrino Mario Víctor Cifuentes, titular de la empresa patagónica OPS, cuya quiebra fue decretada por la jueza en lo Comercial Vivian Fernández Garello a fines del año pasado.

Ese archivo informático tiene “encabezado de sello de la Agencia Federal de Inteligencia AFI”, posee un “nomenclador o código de referencia «O. I. 0780/18», y, según lo que se desprende de las consignaciones formales, fue elaborado por la Dirección de Asuntos Complejos “a solicitud del Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 1 1, a cargo del Dr. Claudio Bonadio”. El juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla ya ordenó establecer la autenticidad de ese documento.

¿Qué contiene ese informe de inteligencia que fue “descargado” (es decir obtenido de otra fuente, acaso un mail o una base de datos) en la computadora de D’Alessio? Según la documentación a la que accedió Tiempo había allí una foto del pasaporte de Cifuentes, una imagen actual, un registro de actividades, otro de la “intersección telefónica” y un reporte de viajes –entradas y salidas del país- provisto por la Dirección Nacional de Migraciones, Interpol y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Información similar fue obtenida y utilizada en el intento de extorsión de D’Alessio en perjuicio del empresario Gabriel Traficante. En esa causa, el juez federal porteño Luis Rodríguez lo procesó con prisión preventiva y días atrás citó a indagatoria al fiscal del triple crimen de General Rodríguez, Juan Bidone, como presunto proveedor de datos sensibles utilizados para presionar a involucrados reales o imaginarios en causas por corrupción.

El documento sobre Cifuentes, queda dicho, tiene como “fecha de producción” el 27 de marzo de 2018. El 6 de abril de ese año, es decir diez días después, apareció publicado en el diario Clarín un artículo con volanta, título y bajada: “Otro empresario K que hizo negocios millonarios con el Estado. El nuevo ‘Lázaro Báez’ debe $ 800 millones y lo investigan por lavado de dinero. Se trata de Mario Cifuentes quien creó la empresa OPS en el 2003 y pasó a ser un proveedor privilegiado de YPF y Vialidad Nacional”. El artículo está firmado por el periodista Daniel Santoro.

De su texto surge que “Cifuentes es amigo de la infancia en Caleta Olivia del ex senador K de Santa Cruz Nicolás Fernández y tiene contactos con el ex titular de la AFI, Oscar Parrilli, el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, entre otros. (…) Entre el 2008 y 2014 su patrimonio creció el 2480 por ciento, parte de su fortuna la tiene en España. A la península ibérica viajó más de 50 veces y la mayoría de los viajes los hizo tras la muerte de Néstor Kirchner en octubre del 2010”.

El artículo añade: “Pero en el 2015, OPS abrió un concurso preventivo y se estima que le ‘debe 800 millones de pesos a la AFIP y otros acreedores’…, explicó una fuente judicial a Clarín”.

Cifuentes afronta una causa por presunto “lavado de dinero” que instruye el juez federal patagónico Gustavo Villanueva (el mismo que tiene a su cargo la investigación por el asesinato del militante por los derechos de los mapuches Rafael Nahuel). Uno de sus principales elementos de prueba de la demorada investigación es la declaración que prestó el hermano de Cifuentes, Jorge, en calidad de “arrepentido”. Según publicó el sitio Agencia Digital de Noticias Río Negro (ADN), el hermano arrepentido comprometió en supuestas situaciones irregulares al gobernador provincial Alberto Weretilneck. En ese escenario, la suerte política de Weretilneck se jugará esta semana en la Corte Suprema de Justicia, que debe resolver si lo autoriza a presentarse para la re-reelección.

Cifuentes es apenas uno de los “caminados” por D’Alessio. Hay decenas de nombres que aparecen en los archivos de una de sus computadoras y todavía quedan al menos tres discos rígidos para analizar. El viernes, el juez federal de Dolores firmó una resolución en la que explicó que su el juzgado “no cuenta con los elementos y medios técnicos necesarios para poder compulsar  su contenido”, por lo que le pidió al  perito oficial del Tribunal, licenciado Pablo Alberto Rodríguez Romeo, que asista y asesore  para poder compulsar la información que obre en ellos, desde una computadora a la que se pueda acceder desde esta sede”.

En tono mitad de queja y la otra de súplica, Ramos Padilla solicitó al perito que “suministre algún tipo de software para facilitar la   lectura y la extracción”. Es tal el grado de precariedad que la Corte Suprema se apresta a autorizarle la contratación de tres personas y le pondrá a disposición un automóvil. El Consejo de la Magistratura, por su parte, aún no definió si le proveerá computadoras y otros elementos informáticos para avanzar con la prueba recolectada. Con toda la gravedad que encierran los detalles que el juez informó esta semana en el Congreso, lo que se conoce hasta ahora es, probablemente, menos del 25 por ciento de lo que hay. «