La titular la Oficina Anticorrupción (OA) presentó un escrito en la causa en la que está imputado el ex ministro de Energía por negociaciones incompatibles con la función pública.
Alonso fue convocada en los tribunales federales del barrio porteño de Retiro luego de haber pedido una postergación a la cita inicial, fijada para el 21 de noviembre pasado, explicaron fuentes judiciales.
La funcionaria está imputada en la misma investigación en la que ya fue indagado Aranguren, vinculada a presuntas «negociaciones incompatibles con la función pública» cuando este último ejercía como ministro.
Alonso quedó vinculada al caso por no haber impulsado desde la OA una investigación al respecto pese a que había recibido una denuncia.
«Ni encubrí una infracción de Aranguren, ni omití actuación alguna en la OA. Por el contrario, cumplí estrictamente con todos los deberes, obligaciones y funciones a mi cargo, como se desprende del expediente sustanciado. Por ende, ningún delito me puede ser reprochado», sostuvo Alonso en un escrito entregado al juez federal Luis Rodríguez.
La funcionaria remarcó que cumplió «con absolutamente todos los deberes» a su cargo y que no omitió «ninguna actuación a la que estuviera legalmente obligada». También expresó que desempeñó la función pública «con total integridad, probidad y buena fe». «No logro comprender por qué motivo -jurídico- fui citada a prestar declaración indagatoria en autos», manifestó en el escrito.
La causa se inició en mayo de 2016 por una denuncia de los diputados kirchneristas Martín Doñate y Rodolfo Tailhade, en la que acusaron al entonces ministro (dejó el cargo en junio de 2018) de beneficiarse con el aumento de la tarifa del gas a raíz de su «doble rol como funcionario público y accionista de Shell S.A.».
Días atrás, Aranguren declaró ante el juez Rodríguez y negó los cargos en su contra. “En ningún momento tomé una decisión particularmente vinculada a mi anterior empleador. No tengo ningún problema y lo ratifiqué ante el juez”, sostuvo.
Aranguren respondió ante los medios sobre la decisión de importar gas de Chile, que benefició a una empresa vinculada con Shell, y sostuvo: “En ningún momento me interesé particularmente por algún proveedor, tomé decisiones de carácter general y siempre en beneficio del interés público”.
“En el caso de Chile logramos reemplazar un gas que no existía, que es el que venía de Bolivia, porque no había más y así lo declararon en el expediente el ministro de Energía de Bolivia y gerente de YPFB”, enfatizó.
En ese contexto, dijo, “no había mayor capacidad de las plantas de regasificación» por lo que «era siempre más conveniente importar gas previamente regasificado en Chile que consumir gasoil y eso le significó al Estado nacional un ahorro de 54 millones de dólares”.
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