Los terrenos públicos que Macri le transfirió a Larreta y que la Justicia no incluyó en el amparo presentado por el Estado Nacional

Por: Celeste del Bianco

Se activó la medida cautelar presentada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado solamente sobre ocho inmuebles. Macri, durante su presidencia, le traspasó 31 al gobierno de la Ciudad, por un valor superior a los 16 mil millones de pesos.

La Justicia porteña dio lugar a una medida cautelar para impedir la venta de ocho terrenos que habían sido cedidos al Gobierno de la Ciudad por el Estado Nacional en noviembre de 2019. Fue a pocos días del final del mandato de Mauricio Macri. El amparo había sido presentado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Engloba predios ubicados en los barrios de Belgrano, Colegiales, Villa Urquiza y La Boca. Esas tierras son sólo una parte de los convenios realizados por el tándem Macri – Horacio Rodríguez Larreta. La cantidad total es de 31 inmuebles por un valor de 16 mil millones de pesos.

Son tierras en el barrio Carlos Mugica, el ex Mercado de Hacienda y playones ferroviarios en Caballito, Palermo, Colegiales, Villa Urquiza y Catalinas Sur 2. También incluye una parte de la Cárcel de Caseros, en Parque Patricios, y predios que actualmente son utilizados para actividades deportivas.

Por ejemplo, un terreno en Palermo en el que actualmente hay canchas de fútbol 5 o dos parcelas en la Avenida Brasil al 50 donde funciona el Darling Tennis Club. Hay comisarías, cuarteles, un instituto de menores y playas judiciales.

Además, según un informe de la AABE, hay diez inmuebles que se enmarcan en el Convenio del Paseo del Bajo y su valor asciende a 5.400 millones de pesos.

El Gobierno Nacional suspendió la sesión de 31 inmuebles de Nación a Ciudad que fueron transferidos después de la derrota en las elecciones presidenciales de octubre de 2019.  El presidente de la AABE, Martín Cosentino, denunció el sistema de cancelación de deudas entre jurisdicciones a través de la cesión de inmuebles utilizado entre 2016-2019.

“Al día siguiente de perder las elecciones el expresidente Macri firmó un DNU permitiendo la transferencia de inmuebles como forma de pago. Lo hizo en un esquema nuevo de traspaso que se denominó dación de pagos. Esto nunca se había hecho en ningún lugar de la Argentina. Sólo se hizo para la Ciudad de Buenos Aires. Para nosotros no es correcto. Por eso pedimos discutir de fondo la situación. Es por lo menos llamativo. Vimos que había una cantidad de inmuebles mal hechos, que fueron dados en los últimos seis meses de Gobierno”, declaró Cosentino ayer en Radio 10.

Según un informe del Observatorio por el Derecho a la Ciudad, en la gestión de la alianza Cambiemos en Nación “se autorizó la privatización de aproximadamente 28 hectáreas de tierras públicas ubicadas en la Ciudad a través de decretos sin autorización del Congreso”.

Desde el Observatorio también impulsaron una denuncia contra Macri y el expresidente de la AABE Ramón Lanús por incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y administración fraudulenta contra Administración Pública. Además advirtieron que los inmuebles fueron vendidos a un precio inferior al determinado por el Tribunal de Tasación Nacional (TTN).

En febrero del 2020, previo a la pandemia, el presidente Alberto Fernández publicó dos decretos en este sentido. En uno de ellos derogó el artículo que habilitaba a AABE a cancelar deudas con la Ciudad a través de la entrega de inmuebles nacionales. Y en el otro ordenó revisar la legalidad de esos procesos y determinar las responsabilidades administrativas, civiles y penales.

Actualmente existen otras dos presentaciones judiciales interpuestas por la AABE. En mayo el organismo se presentó ante los tribunales federales para evitar que el gobierno porteño venda dos predios ubicados en la zona de la estación Villa Crespo y en el «Triángulo Salguero”. En el primer caso se trata de dos parcelas paralelas al viaducto de la estación de trenes de Villa Crespo y el segundo es un polígono descampado en las cercanías de la Autopista Illia. La medida pide  no innovar y que se mantenga el estado de cosas actual en cuanto al inmueble, hasta tanto se dilucide la legalidad del proceso que permitió la transferencia.

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