Audiencias públicas del gas: Energía busca bajar subsidios y las tarifas podrían aumentar un 50%

El lunes fue el turno de la audiencia convocada por la Secretaría de Energía con el fin de discutir el precio de la producción de gas y, particularmente, el valor de de los subsidios que paga el Estado por ese concepto.

El gobierno paga hoy el 60% de la producción de gas, lo cual equivale a U$S 2059 millones a lo largo del año, con un valor de producción de U$S 3,91 por millón de BTU que se estableció en el Plan Gas.AR. El objetivo de la secretaría es que el Estado pague el 35% y el resto se traslade a tarifas, lo cual significaría una suba de entre el 26 y el 35% en la boleta.

La subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Luz Videla Oporto, señaló que solo hay dos caminos para cubrir la demanda interna de gas: que el Estado adicione partidas presupuestarias o aumentar la tarifa entre un 17 y un 35%.

«La alternativa dos es una corrección tarifaria en las facturas finales, de 17 a 23% según las pautas fijadas en el Presupuesto, y de 26 a 35% de acuerdo con las estimaciones del REM», puntualizó Videla.

Más de 40 oradores participaron de manera on line de la audiencia organizada por Energía, entre legisladores nacionales, asociaciones de defensa del consumidor, defensorías del Pueblo y representantes de empresas productoras y de distribución.

El titular de la Cámara Argentina de la Energía (CADE), Carlos Magariños, habló en nombre de las petroleras y dijo que «entre 2015 y 2019 registraron inversiones anuales de U$S 8000 millones en la producción de petróleo y U$S 2000 millones en combustibles, y una contribución tributaria de U$S  5000 millones en impuestos internos, retenciones y regalías».

Además, destacó el «compromiso asumido por las empresas con el Plan Gas.Ar para detener la declinación de la producción, aumentar la oferta, incrementar inversiones, sustituir combustibles, generar desarrollo local, trabajo directo y trazar el camino como exportador de gas».

Por su parte, la diputada oficialista Fernanda Vallejos dijo que la discusión sobre el precio del gas y los subsidios, equivalía a «hablar sobre el salario indirecto para las familias cuyos ingresos vienen sufriendo pérdidas reales durante los últimos cinco años, marcados por el programa de ajuste y distribución del gobierno anterior y un 2020 de pandemia».

En representación de la Unión Industrial Argentina (UIA), Albeto Calsiano llamó la atención sobre «los 3000 grandes usuarios que compran en el mercado mayorista», al que calificó como «el sector que históricamente pagó el precio del gas más caro y sufrió la mayor cantidad de cortes, y que como consecuencia de la caída de la demanda en mayo 2020 cerraron contratos anuales a valores decrecientes inferiores a los del Plan Gas» recientemente licitados.

Por su parte, la representante de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Mariana Grosso, afirmó: «Los pagos de servicios no deben disminuir la capacidad de las personas de ceder a los derechos de la salud, la educación, la alimentación y una vivienda digna». La defensora pidió «mantener el esquema de bonificación del 100% en el precio del gas para la tarifa social».

Transporte y distribución

Entre martes y miércoles se celebró la audiencia convocada por el Ente Regulador del Gas (Enargas) con el fin de discutir el precio del transporte y la distribución. Las empresas propusieron aumentos promedio de hasta un 15%.

El interventor del Enargas, Federico Bernal, remarcó: «El presidente Alberto Fernández nos encargó como objetivo cardinal en materia de servicios públicos de gas por redes y electricidad, tener en la Argentina tarifas justas, razonables y asequibles, esto es, que se puedan pagar; tarifas para la equidad distributiva y la sustentabilidad productiva».

Entre las empresas que intervinieron, Naturgy BAN solicitó «la recuperación de todo lo pendiente desde abril de 2019 que, en función de lo firmado en las Actas Acuerdo sobre el componente de distribución, es del 128% aproximadamente».

«Como tarifa transitoria, a cuenta, Naturgy BAN, propone un incremento del 51% en el margen de la distribuidora, para cubrir el fuerte incremento de costos registrado desde abril de 2019, lo que impactaría en la factura final de los clientes en alrededor de un 15% de incremento, en promedio», indicó el director de Regulación y Tarifas de la compañía, José Luis Fernández Fontana.

La Asociación Inquilinos Agrupados, a través de su representante Gervasio Muñoz, reclamó que «en este marco de una de las crisis económicas más graves que ha tenido la historia mundial y argentina es imprescindible, es una cuestión moral, que las tarifas tienen que permanecer congeladas».

En el segundo día de la audiencia, las organizaciones de usuarios volvieron a manifestarse en contra de un posible aumento en la tarifa del gas. «Adherimos a la presentación realizada ayer por la Comisión de Usuarios del ENARGAS y en estas condiciones es absolutamente inadmisible aceptar un aumento para la tarifa de transición”, expresó Alicia del Rosario Chalabe Michaud, del Comité de Defensa del Consumidor de Salta.

Por otro lado, Ángel Adrián Ali, de la Cámara Empresaria de Comercio de Mendoza Capital, solicitó “que se mantenga el valor del gas actual” y criticó a los empresarios que no invierten para mejorar el servicio. Y agregó: “No somos los grandes empresarios que organizamos la economía y vivimos afuera. Invertimos en nuestro país, por lo tanto creemos que las empresas que están a cargo de la distribución tendríamos que exigirle y controlarle la reinversión en parte de las ganancias que tienen”.