Soltó la cortina. Dirigió la vista a su escritorio, en el que reposaban decenas de carpetas sobre las que se apoyaría la principal meta de su gestión: encarcelar a Milagro Sala y, de ser posible, que jamás en la vida vuelva a estar en libertad.
Este domingo 16 de enero se cumplen seis años del arresto de la líder de la Tupac Amaru. La detuvieron acusándola de “instigación a cometer delitos y tumultos en concurso real”, por ese acampe que su organización impulsó en los inicios del macrismo para que no les recortaran los fondos a las cooperativas.
Un comunicado del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) pone los datos con una precisión: “Lleva 2190 días detenida. En este lapso atravesó seis debates orales y públicos, uno en el fuero federal, cuatro en la Justicia de Jujuy y uno en el fuero contravencional. Además tiene dos causas en investigación y tres más elevadas a juicio oral”. Es un laberinto judicial infinito construido para que jamás se encuentre la salida.
La propia Milagro dijo después de su detención en 2016 que Jujuy era el laboratorio del lawfare que impulsaría el gobierno de Cambiemos. Tenía razón. Los videos de los funcionarios de María Eugenia Vidal reunidos con agentes de inteligencia para escribir el guión que permita encarcelar a líderes sindicales son una confirmación del acierto de lo que dijo Milagro.
A nivel nacional, Macri esperó a revalidarse en las elecciones de medio término de 2017. Luego soltó a la jauría de Comodoro Py y comenzó con la oleada de presos políticos.
La persecución a Milagro es de un encarnizamiento especial: por coya, por mujer, por peronista. Es la condensación de lo que la Argentina conservadora querría desterrar. La oleada de causas que le arrojaron está plagada de testigos plantados, pruebas inventadas, aprietes.
Quien era presidente del Tribunal Superior jujeño en enero de 2020, Pablo Baca, lo reconoció en una serie de audios que se filtraron hace dos años. Dijo que Milagro “no está presa por sus delitos sino para no volver al quilombo permanente”.
El carcelero Morales intentó pasar por encima del derecho internacional y los acuerdos que tienen rango constitucional en la Argentina. Quiso desconocer la recomendación que hizo la ONU pidiendo que Milagro sea liberada o tenga arresto domiciliario para preservar su salud. Luego vino un fallo en el mismo sentido de la CIDH. Y cuando algo tiene ya cierto perfume de Washington, al menos de un sector de los múltiples que conviven y pugnan entre sí en el magma del imperio, la Corte Suprema, incluso la macrista, mira la situación de otro modo. Ordenó respetar la decisión.
Quizás la idea final de los perseguidores era que Milagro muriese en la cárcel lo antes posible.
La prisión política de Milagro Sala es una herida sangrante de la democracia argentina, del país que es ejemplo en el mundo por haber juzgando a sus propios militares por crímenes de lesa humanidad. Cada minuto que Milagro continúa detenida, la herida crece.
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