Martínez Herrero, el abogado denunciante sobre el origen del dinero robado en su casa aseguró que "ya tendría que estar llamada a indagatoria”.
El abogado pidió al juez Ariel Lijo que cite a indagatoria a la funcionaria por los delitos de enriquecimiento ilícito, incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión maliciosa y lavado de activos. Tras conocerse el pedido, la vicepresidenta hizo su defensa pública: aseguró estar tranquila y ya haber entregado todas las pruebas de su inocencia a la Justicia.Ante la Justicia, la vicepresidenta aseguró que el dinero sustraído en diciembre del año pasado de su casa (250 mil pesos y 50 mil dólares en efectivo) pertenecía la Fundación Suma, que ella preside.
No es verdad lo que dice, no están los papeles en regla, no está todo tan claro. Si estuviera todo claro, ese dinero tendría que ser de la Fundación y debería estar bancarizado. Ese es el primer problema. Segundo, no hay recibo que acredite que la fundación recibió ese dinero y tiene que estar asentado en los libros de la Fundación. La Fundación tendría que haber denunciado el robo y después pasar el dinero a perdida. No lo asentaron porque nunca existió, detalló el abogado en diálogo con Tiempo.
Yo sospecho que ese dinero era para Michetti, pero como no lo puede justificar lo quiere hacer pasar por la Fundación, agregó.
Sobre los manejos de Michetti para juntar ese dinero, el abogado contó que quién lo recaudó fue Santiago Riobó, su jefe de despacho. Él lo recauda en el despacho de ella en el Senado. Cuenta que le recauda a algunos empleados, a la prima de Michetti, (María Alejandra Illia), que es su secretaria, después dice que el senador Pinedo le lleva 75 mil pesos de otra recaudación y la hermana (Silvia Michetti) le lleva otro sobre, contó.
En se sentido, el denunciante se preguntó por qué, en vez de llevar el dinero a la casa de Michetti, no llevaron lo recaudado a la sede de la Fundación SUMA, que queda a la vuelta del Congreso. Ese dinero que lo tenía en un cajón (en el Senado) no fue a la fundación, sino que se lo llevo a (Juan) Tonelli, indicó.
Al pedir la indagatoria, Martínez Herrero comparó el caso con las causas por enriquecimiento ilícito contra José López y contra Felisa Miceli. Cuando aparece dinero, en la figura de enriquecimiento ilícito se invierte la carga de la prueba: el funcionario tiene que probar la licitud. López está procesado y Miceli fue condenada, explicó.
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