Quedarse con la presidencia de Diputados, como amenazó Vidal, sería una nueva ruptura de los códigos de convivencia de la política argentina.
Como toda decisión que apunta a consolidar el status quo, la renovación de la presidencia del Máximo Tribunal fue un acto realizado en la oscuridad, en las oficinas del palacio.
Las formas hablan del contenido. Un ejemplo de ese contraste es el recorrido de la Ley de Medios. Cuando se debatió su sanción, en 2009, fue de modo abierto. Hubo marchas en las calles, discusiones con participación ciudadana en el Congreso, las universidades, los periodistas, gente suelta.
Su anulación fue todo lo contrario. El presidente Macri había asumido hacía dos semanas y ya tomaba su primer descanso. Estaba en el Sur para pasar las fiestas. Se había hospedado en el country Cumelén, en una cabaña con vista a la bahía de San Patricio, del lago Nahuel Huapi. Un llamado de Marcos Peña interrumpió la meditación del mandatario cuya mirada se perdía en el horizonte montañoso. Y así, en una conversación de pocos minutos, decidió anular la ley por decreto.
Juntos por el Cambio amenaza con quedarse con la presidencia de la Cámara de Diputados si luego de las elecciones de noviembre los números le dan. Rompería una tradición que fue respetada por la cultura política argentina. Incluso en derrotas como la sufrida por el radicalismo en 1987, cuando el peronismo tenía las bancas para pedir la presidencia de la Cámara Baja, dejó al histórico Juan Carlos Pugliese en ese cargo.
La posición de Juntos no sería una novedad. La disputa política es áspera. Dentro de esas luchas ancestrales, la política argentina tiene (o tenía) algunos códigos. Uno de ellos era que no había una política de Estado para encarcelar al adversario. No lo hizo Menem con el alfonsinismo; no lo hizo De la Rúa con Menem; no lo hizo Duhalde con De la Rúa; no lo hicieron Kirchner y Cristina ni con Duhalde ni con De la Rúa. No es que no hubiera funcionarios investigados o alguno que terminara preso. Lo que no había era una política -el lawfare- que utilizara la persecución judicial como herramienta básica para anular al oponente.
Macri rompió ese código de convivencia. Por eso no sería extraño que la amenaza de tomar la presidencia de la Cámara de Diputados se cumpla si los números le dan a Juntos por el Cambio. Romper las reglas de convivencia de la cultura política argentina está en su génesis.
El antiperonismo cerril sueña con un fracaso apoteótico del gobierno del Frente de Todos. Tiene un sentido histórico: mostrar que no sólo los gobiernos antiperonistas terminan en un clima de ingobernabilidad, que al peronismo le puede ocurrir lo mismo.
El otro punto por el cual se apuesta a la inestabilidad institucional fue develado por Macri en una de las entrevistas que brindó a la CNN en su gira por Miami. Sostuvo que en 2023 la crisis económica será “tan grande” que “la sociedad va a pedir cambios más drásticos”. “En 2015 la población votó por un cambio de estilo político, pero no quería modificar el modelo económico”, dijo el expresidente.
La sinceridad siempre puede llegar. Sólo le faltó reconocer que por eso en los últimos cuatro meses de la campaña electoral que lo llevó a la Casa Rosada se dedicó a prometer que nada iba a cambiar.
La derecha quiere una catástrofe porque eso genera el clima social para producir la restauración conservadora de un saque. Por esto es que la operación de pinzas, con Rosatti en la Corte y Vidal anunciando que están dispuestos a quedarse con la presidencia de Diputados, no son meros fuegos de artificio. La idea no es sólo que el Frente de Todos pierda en 2023. Es que termine en catástrofe para que el terreno esté preparado para ir por todo. «
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