Unos 200 empresarios del sector se reunieron con el ministro de Trabajo, en un encuentro en la CAME.
Triaca consideró que «uno de los grandes problemas del mercado laboral es la informalidad, a partir de la cual se genera competencia desleal entre quienes pagan impuestos y quienes no lo hacen», consignó la entidad empresarial por medio de un comunicado.
El funcionario es un objetivo clave para el lobby privado que impulsa las reformas tributaria, laboral y previsional. Pero lejos de ser un obstáculo, mantiene un perfil francamente receptivo de la demanda privada. Como prueba de ello, aprovechó el encuentro en CAME para realizar un guiño a los presentes al resaltar una de sus demandas: «Es necesario evitar la mafia de los juicios laborales que ponen piedras en el camino de las empresas. Hacerlo no significa estar en contra de los trabajadores sino darles certezas».
El titular de CAME, Fabián Tarrío, aprovechó la oportunidad para referirse a los costos de las empresas. El empresario remarcó que el empleador paga a la AFIP cerca de $33 por cada $100 de sueldo bruto que recibe el trabajador.
En ese sentido, justificó que «una disminución de los aportes patronales no repercute en el salario del empleado ni le quita beneficios, sino que se trata de cargas que el empleador debe asumir ante el Estado», explicó el presidente de CAME.
El comunicado de la entidad sumó que los convenios colectivos que establecen los sueldos del personal de todo el país «se definen a nivel central, teniendo en cuenta el costo de vida y la mano de obra disponible en las provincias del centro. Esto lleva a aplicar en distritos menos desarrolladas salarios de provincias centrales».
Para CAME, esta cuestión específica «desalienta el empleo formal sobre todo en el interior ya que regularizar a los empleados implica abonar salarios que no se condicen con las posibilidades reales de las PyMES locales, sobre todo cuando los sueldos de los trabajadores se fue incrementando considerablemente en los últimos años (y por ende, repercutió en los costos de producción)».
A manera de ejemplo, explicó que una pyme ubicada en el sur del país «tiene un sobrecosto laboral de mínimo un 20% más que las del resto del país, ya que abonan un plus en los convenios por zona patagónica».
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