Nombre fundamental del kirchnerismo, fue diputado, jefe de bloque del Justicialismo y abogado sindical.
Recalde nació en el seno de una familia obrera en el barrio porteño de Colegiales el 29 de mayo de 1938. Su padre fue colectivero.
Militante peronista desde su juventud, se graduó en la UBA en 1961, y desde 1964 se desempeñó como abogado de la Confederación General del Trabajo, donde llegó a ser asesor del dirigente textil Andrés Framini. A lo largo de su carrera, asesoró en derecho laboral a distintas organizaciones sindicales.
Durante el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, Héctor Recalde se exilió en la República Oriental del Uruguay. Con la apertura democrática, fue el encargado de redactar la parte laboral del programa electoral presentado por el Partido Justicialista de cara a las elecciones de 1983.
Más tarde militó en la CGT-Brasil, encabezada por el dirigente cervecero Saúl Ubaldini, que encarnaba la línea dura en el seno de un movimiento sindical dividido entre intransigentes y dialoguistas.
Con una destacada actividad durante la década del ’90, se enfrentó a la flexibilización laboral impulsada desde el gobierno menemista, y durante el gobierno de Fernando De la Rúa denunció los sobornos en el Senado de la Nación al votarse la ley 25.250 de Reforma Laboral, conocida como Ley Banelco.
En las elecciones legislativas celebradas el 23 de octubre de 2005 resultó electo diputado nacional del Partido Justicialista cargo que asumió el 10 de diciembre del mismo año. En 2007, Recalde impulsó una iniciativa para darle a los tickets canasta y vales de alimento carácter remunerativo de manera escalonada y progresiva. Fundó su iniciativa en la «urgente necesidad de reafirmar la naturaleza de la remuneración del trabajador en relación de dependencia» y para ajustar «nuestra legislación a los compromisos internacionales adquiridos y a los propios principios del derecho del trabajo consagrados en nuestra Carta Magna».
Durante el tratamiento del proyecto de ley, Recalde denunció a un grupo de empresarios pertenecientes a empresas de tickets de comida que intentaron sobornarlo por 20 millones de dólares, entre ellos el director de la Cámara de Empresarios de Servicios de Vales Alimentarios y Similares (CEVAS). Finalmente, su proyecto original fue aprobado sin cambios en noviembre de 2007.
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