El paño desplegado en Comodoro Py mostraba los rostros de Cristina y Néstor.
Esta persecución a los compañeros es un ataque liso, llano y directo a la libertad de expresión, a la organización sindical y a la fuente laboral. Procesar a dos trabajadores por el solo hecho de manifestar sus ideas políticas en el marco de una organización gremial, nos rememora a las peores épocas de nuestro país, advierten los firmantes del texto.
Los dos delegados procesados son Nicolás Esteban Lypca y Martín Cruz Pérez Amarelo. Se los acusa de desplegar, desde la terraza de los Tribunales de Comodoro Py, una bandera de la agrupación Quique De Pedro del sindicato Sitraju. Ocurrió el miércoles 13 de abril, durante la concentración multitudinaria que acompañó a la ex presidenta Cristina Fernández tras haber sido citada por Claudio Bonadío en la causa por el dólar futuro. Efectivos de la Policía Federal y miembros del Poder Judicial les habían solicitado que la descolgaran.
La bandera que desplegaron Lypca y Pérez Amarelo exhibía los rostros de Cristina, de Néstor Kirchner y del estudiante de Derecho Enrique Quique De Pedro, padre del diputado Wado De Pedro (FpV/La Cámpora), desaparecido durante la última dictadura. La causa está en manos del juez Rodolfo Canicoba Corral, quien procesó inicialmente a los dos trabajadores judiciales. Les imputó desobediencia a funcionario público. La sala II de la Cámara Federal ratificó el procesamiento esta semana.
El comunicado de repudio tiene el aval de 16 sindicatos del sector judicial. También lo firman un amplio arco de gremios, que incluye desde La Bancaria, Federación Gráfica Bonaerense, Foetra (telefónicos), Sivendia (canillitas), Asociación Personal Legislativo, Satsaid (televisión) y Secasfpi (Anses) hasta las filiales Qulmes y Zárate Campana de la UOM (metalúrgicos), APA (aeronáuticos), ADEF (farmacia), FOC (curtidores de cuero), ATE Capital, Sadop (docentes privados), Sipreba (prensa Buenos Aires), Atilra filial General Rodríguez (lecheros), APLA (pilotos líneas aéreas), entre muchos otros.
Para Sitraju, el sindicato en el que están afiliados los dos trabajadores, la sala II de la Cámara Federal basó su decisión exclusivamente en informes de la Policía Federal e hizo caso omiso al derecho constitucional a la libertad de expresión. Buscan disciplinar a los delegados. Lo que significa un mensaje: la militancia sindical y política va a tener un costo, advirtieron desde el gremio.
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