La secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, ratificó la decisión del gobierno nacional.
«Argentina tiene un problema con una concentración en el área metropolitana. Debemos pensar en un país con equilibrio demográfico y territorial. Eso se hace dando más oportunidades al resto de las provincias», opinó la funcionaria en El especial de los sábados, programa en El Destape Radio. En el mismo sentido, la ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, recordó que «en una decisión de privilegiar a la Ciudad de Buenos Aires –que era además su distrito electoral–, Macri les quitó dinero a todas las provincias para transferirle fondos» al distrito porteño. Del otro lado de la General Paz, el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, confirmó que entre mañana y el miércoles presentarán el amparo ante la Justicia e insistió en que la medida fue «intempestiva, inconstitucional y unilateral».
Santilli, sin embargo, descartó choques en torno al manejo del aislamiento social. «Seguramente los jefes de Gabinete de los gobiernos retomarán las reuniones. Tenemos que resolver muchos temas por la pandemia y no tenemos que llevarle más angustia a la gente», señaló. El jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, también cerró filas detrás de la estrategia comunicada en conferencia por Horacio Rodríguez Larreta. «Lo que se traspasó en términos de puntos de coparticipación cuando Macri era presidente fue el cálculo resultante de los recursos necesarios para el traspaso de la policía», dijo.
Sin embargo, un informe elaborado por la economista Samantha Horwitz y Claudio Lozano, indica que la alícuota de coparticipación de la Ciudad resuelta por Macri superaba claramente el volumen de recursos que por la transferencia de los efectivos policiales obligaba a transferir la Constitución. «Como máximo, la alícuota podía llegar al 3 y lo más adecuado era el 2,4», señaló el estudio de Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP). Miguel, por su parte, contó que «se habló del tema y ofrecimos innumerables veces trabajar en conjunto. Y explicar de dónde surgían esos números, que eran el gasto de causaba atender a la policía». El viernes, Larreta había allanado el camino de la vía judicial al instruir a la Procuración General de la Ciudad a promover una acción contra el Estado nacional para que «se declare la nulidad e inconstitucionalidad» del decreto 735/20. «
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