Hace un año y medio emigró a Buenos Aires con la esperanza de escapar de la pobreza. Lo cobijó un tío en San Miguel del Monte. El joven mantuvo el apego por la vida rural. Le gustaba vestirse de gaucho y asistir a las domas. Pasó de changa en changa hasta conseguir empleo fijo en una chanchería. Le duró poco: la pyme cerró hace poco más de un mes, como miles, arrasada por el modelo económico de Cambiemos. Le pagaron 5000 pesos de indemnización.
En el tiempo que tuvo empleo fijo, el joven logró juntar unos pesos para comprar el Fiat 147 Spazio que en la noche del domingo 19 colisionó contra un camión en la Ruta 3. Al momento del choque lo perseguía, a los tiros, una jauría de policías bonaerenses que pocos días antes lo habrían apretado para robarle la indemnización. Su delito: no haber podido hacer la transferencia por falta de plata.
Aníbal murió casi en el acto, junto a otros tres pasajeros: pibes y pibas de 13 y 14 años que volvían de pasar un rato en la costanera del pueblo que el pibe misionero había adoptado como refugio.
Todas las tragedias argentinas resumidas en una tragedia que no fue accidental.
Los muertos de San Miguel del Monte son víctimas de un sistema que promueve la violencia de Estado como modo de contención del conflicto social. La corrupción policial y el gatillo fácil no nacieron con Mauricio Macri ni con María Eugenia Vidal, responsable de la maldita policía que el domingo se cobró cuatro nuevas víctimas. Pero sus gobiernos empeoraron las cosas. Macri, promoviendo la «Doctrina Chocobar», que les otorga vía libre a los uniformados para disparar a discreción. Vidal, convalidando el autogobierno de una fuerza que lleva décadas delinquiendo en banda.
Especialista en golpes de efecto, la gobernadora buscó capear la ola de repudio con la detención de una docena de policías implicados en la masacre. Cosmética electoral que maquilla las consecuencias, pero mantiene inalterables las causas.
¿Qué ocurriría si los efectivos desplazados argumentaran en su defensa que cumplían con el protocolo oficial que permite disparar sin dar siquiera la voz de alto? ¿O que siguieron el precepto presidencial de «ante la duda, la policía tiene que actuar» aunque «se puede equivocar, como todos»?
La masacre de Monte no fue un incidente aislado, o un daño colateral «en la lucha contra el delito», como sugiere la excusa oficial. Fue consecuencia de una política criminal de violencia, exclusión y ajuste que cae con mayor rigor sobre los pibes:
La gestión de Cambiemos se ensañó con los pibes al primer hervor. Santiago Maldonado y Rafael Nahuel murieron en operativos violentos ordenados, encubiertos y justificados por la ministra de Espionaje Ilegal, Demagogia Punitiva y Violencia Institucional, Patricia Bullrich. Era de esperar que eso derramara en tragedias como la de Monte. Es evidente que la culpa de esa barbarie no es sólo del uniformado cebado que apretó el gatillo: es, sobre todo, del gobierno que le dio licencia para matar. «
Presidente y vice publicaron largos descargos vía redes sociales en los que intentan reconducir la…
Jorge Luis Guarrochena fue identificado a partir de una foto que el sobreviviente Victor Basterra…
Se trata de un joven abogado de una organización contra la violencia institucional. Denuncia que…
En la misma, se tratarían proyectos vinculados a la crisis económica de las universidades.
Se trata del Proyecto Nimbus, un contrato de 1.200 millones de dólares firmado en 2021…
Será este jueves en las oficinas de la secretaría de Trabajo. Desde las cámaras empresariales…
Los representantes de los gremios, empresarios y el propio Estado se reunirán para buscar definir…
Se trata del ministro del Interior iraní Ahmad Vahidi, quien se encuentra de gira en…
En una nueva serie de fallos, los jueces de la Corte Suprema repartieron condenas, fallos…
Los nuevos cuadros tarifarios elevan el costo del peaje para autos de $ 300 a…
Con una imagen y una oración, el presidente desnudó sus miserias luego de la masiva…
La banda comandada por Gaba Díaz repasará lo mejor de su carrera el sábado 4…