Encabezado por Berni, unos 4000 efectivos avanzaron sobre los terrenos ocupados. Las familias y organizaciones que resistieron fueron reprimidas con balas de goma y gases lacrimógenos. Hubo 40 personas detenidas.
Mientras algunas de las familias se retiraron a medida que avanzaba la policía, otras decidieron resistir el desalojo y fueron reprimidas por la policía bonaerense, que derrumbó también las precarias casillas instaladas en las 100 hectáreas del partido de Presidente Perón.
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«Ya está todo desalojado», dijo Berni en declaraciones a la prensa, luego que la policía rodeara la zona por orden del juez de Cañuelas, Martín Rizzo, luego de rechazar un nuevo pedido de prórroga del gobierno provincial. Efectivos de Infantería de la provincia de Buenos Aires se apostaron en los acceso al predio para impedir nuevos ingresos al predio.
Dentro del terreno ocupado se escucharon algunas detonaciones y se observaron columnas de humo por la quema de algunas de las casillas levantadas en el lugar. Los efectivos derribaron casillas y cortaron los alambres con que se delimitaron las tierras ocupadas en el predio, mientras que el desalojo fue resistido con piedras y palos.
Según informaron organizaciones y la fiscalía, hubo más de 40 personas detenidas el operativo.
Cerca del mediodía, personal del municipio de Presidente Perón a bordo de topadoras comenzó a demoler las casillas de madera que quedaban instaladas e inició el operativo de limpieza de los terrenos.
«¿Qué corazón tienen para sacarnos así? Estamos desesperados, es una situación muy difícil, el Gobierno no hace nada», señaló Rosalía, una de las delegadas de la toma, en declaraciones a Radio Rivadavia. Miguel, otro referente, contó a la misma radio: «Están con camionetas, cuatriciclos, con helicópteros. Es una angustia terrible ver todo esto y que el Gobierno se haya negado a encontrar una solución».
«Los policías llegaron sin avisar. No nos dieron tiempo para desalojar, tiraron balas y tuvimos que correr con mi familia. Tenía algunas cosas, los documentos en la casilla y la policía nos quemó todo”, dijo a AM 750 una de las personas que participaba.
Los terrenos reclamados por sus propietarios, unas 100 hectáreas, fueron ocupados en julio pasado por unas 1.200 familias que vivían en Guernica y otras que residían en los distritos de Almirante Brown, Lomas de Zamora, San Vicente, Florencio Varela, Ezeiza y Esteban Echeverría.
El operativo se dió lego de un mes de negociaciones, durante las que se realizó un desalojo pacífico de unas 600 familias que participaban.
El miércoles por la noche, la coordinadora de delegados, delegadas y organizaciones de la toma de Guernica informó que los intercambios con la administración del gobernador Axel Kicillof se habían estancado. Las diferencias se cristalizaron durante la reunión que mantuvieron este martes por la tarde con el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta por el expediente por usurpación.
Según un comunicado difundido en la noche del miércoles, la coordinadora sostuvo que «el gobierno provincial», a través del ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y el fiscal desconocen los avances en las negociaciones, y organizan el desalojo con represión». De acuerdo a la versión de las organizaciones, «para el gobierno provincial no hay acuerdo posible para las familias asentadas en Guernica» y «de un momento para otro, dejaron de lado las propuestas que el propio gobierno venía avalando, y que fueron aprobadas en las asambleas».
Fuentes del gobierno provincial sostuvieron lo contrario y acusan a las organizaciones de haber asistido al encuentro sin disposición para firmar un acuerdo. Uno de los letrados que tiene acceso al expediente confió que los diálogos se trabaron en la decisión de las asambleas de los cuatro barrios que componen la toma, protagonizada por 1450 familias que fueron censadas por un equipo del Centro de Estudios Legales y Sociales y el Servicio Paz y Justicia (SerPaJ).
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