Los procesados están acusados de haber cometido torturas, falsificación de documentos públicos, entre otros delitos que tuvieron lugar, tras una violenta requisa en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.
El terrible hecho de violencia institucional ocurrió el 9 de junio de 2019. La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) interviene en la causa como querellante: «La justicia investiga el accionar de personal penitenciario durante una requisa violenta realizada en el pabellón B de la Unidad Residencial III», repasó Ariel Cejas Meliare, abogado y procurador adjunto, en diálogo con Tiempo.
Continuó detallando. «Recuerdo que las personas detenidas en esa ocasión habían realizado un reclamo, pedían que las autoridades del penal hagan cambios en el régimen de visitas de familiares».
El fallo de la Sala II se conoció la semana pasada. Los penitenciarios están acusados de haber propinado golpes a los detenidos, disparos con posta de goma y gases lacrimógenos. Además, una vez terminada la protesta, los uniformados seguían reprimiendo a los presos, varios de ellos con graves heridas.
Cejas Meliare reconstruyó que los detenidos fueron sometidos a aislamiento y confinados en sus celdas, donde permanecieron encerrados por más de veinte horas diarias, sin recibir alimentos ni agua. Las condiciones en las que se encontraban eran inhumanas. Permanecieron así durante cuatro días, hasta que un organismo de control descubrió la situación.
El procurador destacó que el Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles, presidido por el juez Gustavo Hornos, realizó una visita al penal de Ezeiza, durante la cual efectuó una recorrida. En aquel momento, los detenidos comenzaron a reclamar, pateando las puertas de las celdas y gritando desesperadamente; pedían comida, atención médica, agua y acceso al baño, recordó el letrado.
Por todo ello, la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata confirmó el procesamiento de 52 penitenciarios imputados por los delitos de tortura, violación de deberes de funcionario público y falsificación de documentos.
Entre los procesados, se encuentran el jefe del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, el director de la Unidad Residencial III e integrantes del Comité de Seguridad de esa cárcel, personal de requisa, de seguridad interna, los jefes que estuvieron de guardia en los turnos durante los días que duró la represión y las torturas. También, integrantes de la División Grupo Especial para la Resolución de Incidentes (GERI) y del Grupo Operativo Anti Siniestros (GOAS).
La Sala II, en su fallo, dio precisiones sobre las responsabilidades de cada uno de los funcionarios de la fuerza de seguridad penitenciaria imputados. «No hay dudas de que los funcionarios realizaron una combinación diversas formas de malos tratos es lo que lleva a calificar los hechos como tortura, por eso nuestro organismo es querellante en la causa», finalizó Cejas Meliare.
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