A 12 años del asesinato de Mariano Ferreyra, aún no hay fecha de inicio del juicio de encubrimiento

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) recordó este jueves la figura del militante del Partido Obrero (PO) Mariano Ferreyra, quien fue asesinado hace 12 años tras ser atacado por un grupo vinculado a la Unión Ferroviaria durante una protesta gremial, y lamentó que aún no hay fecha de inicio del juicio sobre la trama de encubrimiento que existió en ese crimen.

«Mariano Ferreyra tenía 23 años y era militante del PO. Fue asesinado por integrantes de la Unión Ferroviaria durante una protesta por las condiciones de precarización laboral de trabajadores tercerizades de la Línea Roca. Hoy se cumplen 12 años del crimen», escribió el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en un posteo de Twitter junto a una foto del joven.

Desde el CELS también recordaron que los ataques del 20 de octubre de 2010, que culminaron con el asesinato de Mariano y tres heridos graves, «expusieron un entramado de relaciones entre sectores del sindicalismo, del poder político y judicial, y de las fuerzas de seguridad».

«Por el crimen fueron condenados en 2013 miembros del sindicato, entre ellos su titular José Pedraza, y agentes de la Policía Federal. Pero el caso también demuestra las dificultades que tiene el Poder Judicial para investigarse a sí mismo», expresaron.

Además, el CELS volvió a reclamar que «12 años después aún no hay fecha de inicio del juicio» en el que se debe «determinar responsabilidades de integrantes de estudios jurídicos, exagentes de inteligencia y funcionarios judiciales en una trama orientada a encubrir el crimen».

Ferreyra fue asesinado hace 12 años por una patota que respondía al entonces secretario general de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, quien pretendía silenciar una protesta de tercerizados de la exlínea Roca que reclamaban ser incorporados a planta permanente.

A través de la Unión Cooperativa Mercosur, cuyo titular era el propio Pedraza, el gremio administraba la contratación de trabajadores tercerizados con el aval de la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (Ugofe), que gerenciaba la línea que comienza en la Estación Constitución.

Los sueldos y las cargas sociales de los empleados contratados se pagaban con dinero aportado por la Secretaria de Transporte, y la cooperativa de Pedraza -al igual que otras empresas- cobraba un canon fijo por cada trabajador que declaraba.

El 20 de octubre de 2010, los manifestantes salieron desde un local del Partido Obrero ubicado en Avellaneda, con la intención de cortar las vías cerca de la estación de esta localidad.

Advertidos de que un grupo de la Unión Ferroviaria encabezado por el dirigente Pablo Díaz se encontraba en el andén de la estación, los precarizados deciden cruzar el Riachuelo y trasladarse a Capital Federal con el propósito de hacer el corte en Barracas.

Después de cruzar por el puente Bosch, la columna fue atacada a piedrazos por un grupo de la Unión Ferroviaria, que impidió el corte de vías.

Los manifestantes se replegaron y se reunieron en la calle Luján, a 200 metros de donde fueron atacados, y allí realizaron una improvisada asamblea en la que descartaron la posibilidad del corte y analizaron la alternativa de llevar a cabo un acto en Constitución.

Mientras se desarrollaba la discusión entre los trabajadores, efectivos a bordo de dos móviles pertenecientes a la Comisaria 30 de la Policía Federal observaban los manifestantes

Mariano resultó herido de muerte y los militantes Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos son alcanzados por proyectiles que salen de armas que empuñan Favale y otro matón llamado Gabriel Sánchez.

Los militantes paran una ambulancia que transita por el lugar y logran trasladar a los heridos al Hospital Cosme Argerich, donde Mariano -de 23 años, estudiante de Historia, dirigente de la FUBA y tornero- muere como consecuencia de las heridas recibidas en esa emboscada.

Pedraza y su lugarteniente en el gremio, Juan Carlos Fernández, no estuvieron en el lugar de los hechos, pero ese día se comunicaron varias veces con Díaz, quien a su vez lo hizo con Favale, Sánchez y Claudio Alcorcel, delegado y sindicado en la causa como reclutador de la patota que ejecutó la agresión.

Rastreos de llamadas documentadas en el expediente, establecieron que el jefe de la Unión Ferroviaria garantizó la defensa de Favale a través de un prestigioso estudio de abogados.

En febrero de 2011, Pedraza quedo detenido junto con Fernández, y el 6 de agosto de 2012, se inició un juicio oral y público que estuvo a cargo del Tribunal Oral 21 de la Ciudad de Buenos Aires.

La Justicia condenó, en abril del 2013 a 15 años a Pedraza y Fernández, como instigadores, en tanto que Favale y Sánchez fueron encontrados culpables de la autoría material de la muerte de Ferreyra, y recibieron una pena de 18 años.