A 25 años de la masacre de Wilde, los familiares exigen que no archiven la causa

Hace 25 años cuatro personas resultaron víctimas de la llamada masacre de Wilde y familiares de las personas que cayeron bajo balas policiales siguen luchando para que la causa no prescriba y que los autores del homicidio paguen por lo que hicieron.

La causa que se encuentra a cargo del juez Gabriel Vital, del juzgado de Garantías Nº 8 de Lomas de Zamora, se inició por un caso emblemático de gatillo fácil que conmovió a todo el país. Ocurrió el 10 de enero de 1994: cuatro inocentes asesinados a balazos por once oficiales de la ex Brigada de Investigaciones Lanús de la Policía Bonaerense. Han pasado 25 años y aún no hubo condena para los acusados, un grupo de policías que perseguía a supuestos delincuentes que iban en dos autos, huyendo de un presunto robo a una sucursal del Banco Galicia. Luego dijeron que los sospechosos transportaban cinco kilos de cocaína. Los uniformados dispararon 270 balas.

Edgardo Cicutín, entonces de 33 años, padre Natalia que tenía 8 años y de Gonzalo de apenas 8 meses, vendía libros para una editorial. Se movía en un Dodge 1500 que era conducido por Claudio Díaz, quien sobrevivió a la balacera policial. Las otras víctimas fueron el remisero Norberto Corbo y sus pasajeros, Claudio Mendoza y Héctor Bielsa, quienes viajaban a bordo de un Peugeot 505.

Los once policías prestaban servicio en la Brigada de Lanús, cuyo subjefe era el comisario Juan José Ribelli, detenido, procesado y luego absuelto por el atentado a la AMIA. En un momento hubo una elevación a juicio oral para ocho policías, acusados de ser los autores materiales de los cuatro homicidios: Roberto Mantel, Osvaldo Lorenzón, Eduardo Gómez, Pablo Dudek, Marcelo Valenga, Marciano González, Julio Gatto y Hugo Reyes. Sin embargo, todos fueron absueltos. Otros dos, César Córdoba y Carlos Saladino, fallecieron en los últimos años. Marcos Ariel Rodríguez, que estaba prófugo, fue capturado en noviembre de 2014 en la ciudad cordobesa de La Falda, detenido por rebeldía a la autoridad y no por los crímenes perpetrados en 1994.

Raquel Noemí Gazzanego es la viuda de Edgardo Cicutín y es representada legalmente por el abogado Ciro Annicchiarico, de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, quien cada vez que se pretende archivar la causa presenta una serie de argumentos que demuestran la culpabilidad de los policías. Sin embargo, los magistrados se resisten al debate oral y público. Cuando ocurrió la masacre, el juez Rafael Villamayor había ordenado la detención de todos los involucrados, pero en noviembre de 1994 todos quedaron libres.

Luego de tantos años de impunidad, familiares y allegados exigen justicia. Explican que después da tanto tiempo los testigos van muriendo de viejos. Pero lo que está claro es que los policías violaron todos los límites impuestos por la Ley y su propio protocolo de procedimiento: se movilizaban en autos particulares y con ropa de civil. El cabo Rodríguez, en tanto, no debió haber formado parte del operativo porque en ese momento se encontraba apartado de la fuerza por un incidente ocurrido en 1993.