A 28 años de la Masacre de Wilde, todavía no se inició el juicio contra los policías acusados

Se cumplió el aniversario número 28 de la Masacre de Wilde, ocurrida el 10 de enero de 1994. Hasta el momento no hubo juicio y la viuda de uno de los cuatro inocentes que fueron acribillados a balazos por una Brigada de la Policía Bonarense reclama justicia. El emblemático caso de gatillo fácil fue protagonizado por 11 efectivos vestidos como civiles y en autos particulares.  

En este episodio icónico de violencia institucional, Raquel Gazzanego perdió a su esposo Edgardo Cicutín, de entonces 33 años, padre de una nena y un bebé. “En estos últimos casi dos años de pandemia pudimos avanzar un poco”, contó la mujer a Tiempo.

“Logramos realizar la audiencia preliminar, la que se desdobló y se tuvo que hacer en dos fechas distintas. Pero todavía no sabemos cuándo será el juicio”, detalló. Señaló que el Tribunal Oral Criminal N° 3 de Lomas de Zamora dictará una fecha para el debate oral en agosto de este año “una vez que se pueda notificar a los testigos de ambas partes. Así buscan cumplimentar las pruebas y recién ahí nos dirán cuándo se realizará el debate”.

Cabe destacar que, después de tantos años, solo serán juzgados 9 de los 11 acusados de haber cometido tan aberrante hecho. Uno murió y otro sufrió un accidente cerebro vascular (ACV). El único que permanece detenido es Marcos Ariel Rodríguez.

“Es el que estuvo prófugo y logramos detenerlo veinte años después, en 2014, y aún está con prisión domiciliaria. Recuerdo que yo misma lo investigué y lo encontré escondido en La Falda, Córdoba. Avisé a la policía y lo detuvieron”, puntualizó Gazzanego. Y aseguró que la defensora del imputado “pidió el levantamiento de la preventiva varias veces, pero se lo negaron”. Los tiempos se dilataron tanto porque la justicia “es demasiado lenta y además les da mucho crédito a los policías acusados”.

La mujer lleva más de un cuarto de siglo luchando en los pasillos del Poder Judicial. Golpeó todas las puestas que encontró pidiendo ayuda. A finales de octubre del 2020 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se puso en contacto con los familiares de las víctimas para retomar su actividad respecto de la Masacre de Wilde. Sin embargo, los jueces aún no juzgaron a los acusados.

“Se nos niega el derecho a tener un juicio y esto significa una violación a los Derechos Humanos”, aseveró la viuda. Explicó que espera una respuesta, “pero es bastante tedioso y pesado, principalmente por algunos defensores de los imputados que lo único que hacen es dilatar los tiempos y la justicia que les lleva el apunte”.

“Tengo la esperanza de que nos den fecha de juicio en agosto de este año. Este caso es el que lleva más tiempo en el TOC N°3 pero también sé que en el mismo hay muchas otras causas de similares características que también están trabadas” enfatizó.   

La mujer contó a este diario que hace tiempo viene hablando con los secretarios de los jueces y que estos les dicen que están trabajando en el tema. Gazzanego es representada por el abogado Ciro Annicchiarico, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Además señaló que la Justicia muchas veces le ha dicho cosas vergonzosas cuando iba a reclamar celeridad. Por ejemplo “al expediente de la causa le faltan partes que se dañaron por una inundación y a otras se la comieron las ratas”.

Un caso de gatillo fácil

Ocurrió el 10 de enero de 1994. Cuatro inocentes asesinados a balazos por once oficiales de la ex Brigada de Investigaciones Lanús de la Policía Bonaerense. Los efectivos declararon que perseguían a “delincuentes” que iban en dos autos, huyendo de un presunto robo a una sucursal del Banco Galicia. Luego dijeron que los sospechosos transportaban cinco kilos de cocaína. Los agentes dispararon 270 balas.

Edgardo Cicutín tenía 33 años y era padre de Natalia de 8 y de Gonzalo de apenas 8 meses. Vendía libros para la editorial Cisplatina. Se movía en un Dodge 1500 que era conducido por Claudio Díaz, quien sobrevivió a la balacera policial de milagro. Las otras víctimas fueron el remisero Norberto Corbo y sus pasajeros, Claudio Mendoza y Héctor Bielsa, quienes viajaban a bordo de un Peugeot 505.

Los once policías prestaban servicio en la Brigada de Lanús, cuyo subjefe era el comisario Juan José “El Lobo” Ribelli, detenido, procesado y luego absuelto por el atentado a la mutual judía AMIA. En un momento hubo una elevación a juicio oral para ocho policías acusados de ser los autores materiales de los cuatro homicidios: Roberto Mantel, Osvaldo Lorenzón, Eduardo Gómez, Pablo Dudek, Marcelo Valenga, Marciano González, Julio Gatto y Hugo Reyes. Sin embargo, todos fueron absueltos.

Otros dos, César Córdoba y Carlos Saladino, fallecieron en los últimos años. Marcos Ariel Rodríguez, que estaba prófugo, fue capturado en noviembre de 2014 en la ciudad cordobesa de La Falda, detenido por rebeldía a la autoridad y no por los crímenes perpetrados en 1994.

Luego de tantos años de impunidad, familiares y allegados exigen justicia. Explican que después de tanto tiempo los testigos van muriendo de viejos. Pero lo que está claro es que los policías violaron todos los límites impuestos por la ley y su propio protocolo de procedimiento: se movilizaban en autos particulares y con ropa de civil. El cabo Rodríguez, en tanto, no debió haber formado parte del operativo porque en ese momento se encontraba apartado de la fuerza por un incidente ocurrido en 1993.