El centro clandestino Pozo de Bánfield, que funcionó en la Brigada de Investigaciones de esa localidad, será puesto en valor y convertido en espacio de memoria, anunciaron hoy autoridades nacionales y bonaerenses, en un homenaje a los estudiantes torturados y desaparecidos durante la llamada Noche de los Lápices.
«Hacemos este acto con el objetivo de recordar a los compañeros y compañeras desaparecidas esa noche y para anunciar las medidas que hemos tomado en relación a la preservación de este centro de tortura y exterminio conocido como el Pozo de Bánfield», dijo, emocionado, el subsecretario de Derechos Humanos bonaerense, Matías Moreno.
Moreno, militante de Hijos, recorrió hoy el centro clandestino donde estuvieron cautivos los estudiantes platenses secuestrados en 1976, en una actividad que compartió con el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, nieto recuperado por Abuelas de Plaza de Mayo.
«Esos compañeros y compañeras eran parte de un colectivo militante y organizado y forman parte de los 30 mil desaparecidos» de la última dictadura cívico-militar, remarcó «El Gitano» Moreno.
«Necesitamos a los jóvenes para llevar adelante nuestra agenda política sin equivocarnos», dijo por su parte Pietragalla Corti y consideró que ese es el mejor homenaje que se le puede hacer a los estudiantes desaparecidos.
Reivindicó el compromiso del Gobierno de «reflotar la política de memoria, verdad y justicia» y destacó que «los sitios de Memoria tienen un rol fundamental en la memoria colectiva. Deben ser sitios mirados, amados, no sólo por los colectivos (de derechos humanos), sino como un lugar de referencia para la comunidad», expresó el secretario nacional.
Moreno detalló las tareas realizadas para poner en valor ese centro de exterminio y convertirlo en un sitio de la memoria: «Se lo limpió, se aportaron computadoras, mobiliario, y se dispuso que se empiece a trabajar en el archivo de la zona», comentó.
Ambos funcionarios coincidieron en marcar el retroceso en las políticas de derechos humanos durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri. «Fue un retroceso desde lo simbólico, con la teoría de los dos demonios, el poner en duda los 30 mil desaparecidos; y en lo material, con el estado de abandono en que encontramos estos espacios», graficó Moreno. Pietragalla Corti dijo rotundo: «un modelo neoliberal no puede tener empatía con las políticas de derechos humanos. La única garantía de poder seguir sosteniendo un proyecto político que defienda esas conquistas es con la juventud, para construir un país con más derechos y participación», sostuvo.
La noche del 16 de septiembre de 1976 se realizó un operativo conjunto de efectivos policiales y del Batallón 601 de Ejército para capturar a 9 jóvenes -de entre 16 y 18 años-, en su mayoría integrantes de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), que reclamaban por el boleto estudiantil secundario gratiuto.
Claudio De Acha, María Clara Ciocchini, María Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, Daniel Racero y Horacio Ungaro fueron arrancados de sus domicilios esa noche; en tanto el 17 los represores apresaron a Emilce Moler y Patricia Miranda.
Cuatro días después fue detenido Pablo Díaz, quien formaba parte de la Juventud Guevarista, un grupo vinculado al Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Fueron conducidos al centro clandestino de detención «Arana», donde se los torturó durante semanas, y luego se los trasladó al Pozo de Banfield. Moler, Díaz y Miranda recuperaron la libertad tras permanecer varios años entre cautivos y detenidos, en tanto los seis restantes fueron desaparecidos.
