A decretazo puro, Lasso apura un ajuste brutal

Determinado a cumplir con los planes del poder económico y la derecha regional y local, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ya echó mano a la suma del poder político que circunstancialmente le facilita la disolución de la Asamblea Nacional, decretada por él mismo el miércoles pasado para evitar una destitución inminente por el juicio político por corrupción, y comenzó a gobernar por decreto. El jueves presentó una reforma tributaria que extiende beneficios impositivos a sectores, y tiene en carpeta una reforma laboral, que puso en alerta a las centrales sindicales. Normas que no habían pasado el filtro legislativo por concentrar oposición mayoritaria al corte conservador de los proyectos.

Lasso presentó su reforma el mismo día en que la Corte Constitucional avaló su decisión de invocar el artículo 148 de la Carta Magna para disolver el Congreso y convocar a elecciones, no solo legislativas sino también presidenciales para completar el mandato restante hasta 2025. Es la cláusula conocida como «muerte cruzada», instaurada en la reforma Constitucional promovida por Rafael Correa a partir de su primer gobierno en 2007. Si bien la disolución del legislativo es automática, el presidente puede gobernar por decreto hasta que se realicen los comicios, posiblemente el 20 de agosto. La medida de Lasso había sido calificada de inconstitucional por sectores de la oposición, entre ellos el mismo Correa, que presentaron demandas que no prosperaron, ante la Corte.

La Constitución establece que para que el presidente pueda disolver el Congreso deben presentarse alguna de estas tres causales: «Cuando la Asamblea se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente; o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo; o por grave crisis política y conmoción interna».

Lasso eligió invocar esta última, acaso la más relativa, pero además le atribuyó a la propia Asamblea haber causado esas crisis política y conmoción interna, entre otros motivos por no aprobar las leyes enviadas; por haber iniciado un juicio político, según Lasso «fuera del marco constitucional»; y por declaraciones públicas de legisladores.

Con la «muerte cruzada», el exbanquero evitó la destitución, pero también se condenó al ostracismo político. Podría presentarse como reemplazo de sí mismo, pero la imagen negativa que ostenta entre la población no le augura un resultado siquiera digno. Lo mismo se especula que puede ocurrir con una bancada que lo represente en la nueva composición legislativa. El bloque de su partido, CREO, se fue fragmentando hasta quedar apenas con 12 diputados, y todas las consideraciones estiman que de lograr nuevas bancas será muy por debajo de ese número.

De ahí que el propio Lasso haya declarado al diario estadounidense The Washington Post, un día después del decreto, que no piensa postularse y ni siquiera le importa quién lo reemplazará, más allá de algunas voces que aventuran su candidatura. La oposición correísta, en cambio, recupera acciones electorales en este nuevo escenario.

Por eso, también, el apresuramiento a gobernar por decreto. Algo que en el caso de Perú motivó un rechazo tal por el mero anuncio que todos los sectores de poder, incluida la OEA, se pronunciaron en contra de lo que llamaron «golpe de Estado» y el presidente Pedro Castillo acabó preso (aún lo está) bajo la acusación de «rebelión».
              

La oposición

En la legislatura ya disuelta quedaron algunas normas sin aprobar, algunas controversiales como la intervención de las fuerzas armadas en seguridad interior. Pero también la reparación integral a familiares de víctimas de femicidios, el Código Integral de Niños, y otras.

Durante estos meses, Lasso tendrá la lapicera para imponer las leyes que fueron rechazadas, como cajonear aquellas que no resultan viables en su esquema ideológico. Ya anunció que dispondrá varias normativas en materia económica, de previsión social, laboral y energética. Como se mencionó antes, el primer decreto fue una reforma fiscal que amplía el techo de exoneraciones tributarias en base a los miembros de cada familia y contempla un aumento de los gastos deducibles anuales.

Frente a nuevas reformas que puedan afectar derechos, el sector social está en pie de alerta. El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) de Ecuador reunirá a su Convención Nacional el sábado 3 de junio y programa posibles protestas contra el Gobierno si busca avanzar con una reforma laboral, como anunciaron algunos funcionarios. El presidente del FUT, José Villavicencio, adelantó que «si esos decretos-ley atentan contra los intereses de los trabajadores y del pueblo, inmediatamente, nosotros convocaremos a acciones».

De igual forma, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), se declaró «en vigilia permanente por los intereses del pueblo» y advirtió al gobierno «que se abstenga de emitir medidas que vayan a afectar los Derechos Humanos, los bolsillos del pueblo ecuatoriano y temas sensibles que pueden convulsionar el país». Al organismo le preocupa el avance por decreto en temas como «la ampliación de la frontera petrolera y minera en nuestros territorios, las leyes en materia económica que afecten los intereses de la nación, otras leyes que impulsen la privatización de las instituciones públicas, que afecten a la educación y salud de los ecuatorianos».  «