A los tiros en el baño de la Ámsterdam

 La pelota ya rodaba en el Centenario y Rampla Juniors empezaba a marcar su dominio sobre Peñarol, pero al Boli no le importó demasiado. Tenía que hacer su trabajo. Bajó los escalones de la tribuna Ámsterdam mientras se abría paso entre las camisetas del Carbonero que poblaban los escalones y fue hasta el baño de la Puerta 10, para ver si podía colocar algún papel. No se dio cuenta que, detrás suyo, ingresaba un hombre encapuchado. Los dos estruendos y el ardor intenso que sintió en el brazo y la pierna le hicieron comprender al instante que le habían disparado.

Mientras la gente se acumulaba alrededor suyo y pedían atención médica, el atacante huía para volver a confundirse en el mar de hinchas aurinegros. Al Boli, de 32 años y miembro de una de las facciones de la barrabrava de Peñarol, se lo llevaron a un hospital de Montevideo, donde todavía está internado, fuera de peligro. Lo balearon por una disputa territorial de la hinchada, relacionada con la venta de drogas.

En la cancha, el partido se siguió jugando, aún cuando el árbitro ya había sido informado sobre lo que había ocurrido en la popular visitante del estadio Centenario: “Hay que evitar la alarma pública”, le explicaron a Christian Ferreyra. La voz acerca del incidente también corrió rápido por las gradas: mucha gente decidió retirarse del estadio. Finalmente, en el entretiempo, se decidió suspender el encuentro: “No sabemos cuántas armas hay en la tribuna”, tuvieron que confesar los que debían encargarse de la seguridad.

Sucedió el pasado domingo, pero podría haber pasado mucho tiempo antes: desde agosto, el campeonato uruguayo se disputa sin policías en las canchas por decisión del Ministerio del Interior. Excepto en los clásicos y los partidos de la selección, la seguridad en todos los estadios corre por cuenta del club local, que debe encargarse de contratar efectivos privados: las fuerzas públicas sólo se encargan de cuidar las boleterías y a los árbitros (en Rampla-Peñarol, el operativo fue de apenas 97 uniformados). En las canchas ya no hay cacheos y el único control lo aportan los detectores de metales, que en el Centenario ni siquiera estaban instalados en todos los accesos.

La medida gubernamental se debe a una disputa de larga data con la Asociación Uruguaya de Fútbol por definir a quién le corresponde garantizar la seguridad dentro de las canchas: desde 2007, los funcionarios estatales aseguran que lo que sucede en las tribunas es responsabilidad de los clubes porque se trata de un espectáculo privado. Por tal motivo, en 2009 se firmó un protocolo de seguridad que establecía que los clubes debían instalar cámaras de reconocimiento facial. Sin embargo, la implementación se fue postergando sistemáticamente durante todos estos años, hasta que en abril pasado el gobierno comenzó a presionar para reactivarlo.

Finalmente, en julio pasado, un mes antes del inicio del campeonato, el subscretario del Interior, Jorge Vázquez, avisó que la Policía se retiraría de los estadios hasta tanto se instalaran las cámaras y la AUF respondió que no estaba en condiciones de solventar el gasto de cinco millones de dólares que implicaba la compra e instalación del equipamiento: “No podemos aprobar una orden de compra cuando los fondos no están en el corto plazo y ellos lo saben”. El saldo de la disputa fueron los dos balazos que recibió el hincha de Peñarol.

Por supuesto, a partir de lo ocurrido, desde la Asociación informaron que ya están avanzadas las gestiones para que el año que viene el Centenario tenga las cámaras instaladas.