A más de 48 años de su muerte, se activa la investigación por el asesinato del obispo Carlos Ponce de León

Tras casi medio siglo de impunidad, esta semana comenzó a moverse la causa que investiga como un asesinato la muerte del obispo de San Nicolás, Carlos Ponce de León, ocurrida el 11 de julio de 1977. A partir del pedido de la fiscalía y las querellas, el juzgado federal de San Nicolás activó la investigación sobre la posible responsabilidad de un ex militar y dos civiles en los hechos, aunque por ahora no pudieron ser indagados.

Desde el primer momento, la muerte del religioso fue tratada como un accidente automovilístico: su auto, un Renault 4 del obispado, chocó con una camioneta F-100 cerca de la ciudad de Ramallo. La justicia ordinaria cerró el caso rápidamente, no se realizó pericia y se creyó en el relato del conductor de la camioneta, Luis Antonio Martínez, quien resultó condenado a seis meses de prisión por homicidio culposo. 

Luego de un reclamo de muchos años, en 2023 la Cámara Federal de Rosario anuló esa causa, un fallo que fue confirmado un año después por la Cámara de Casación Penal. Para eso, fue clave la reconstrucción virtual realizada por el perito de parte de la querella Jorge Geretto, que logró descartar las versiones sobre un accidente y apuntalar las sospechas de que se habría tratado de un atentado contra el religioso, quien venía siendo amenazado.

Según el informe del perito, la F-100 se encontraba detenida transversalmente en la ruta y no había nadie adentro, por lo que el vehículo habría sido colocado allí para que sea impactado por el auto del obispo. 

Los posibles responsables fueron citados para este martes al juzgado federal de San Nicolás: el exjefe de la Sección San Nicolás del Destacamento de Inteligencia 101, Omar Andrada, señalado junto a los ya fallecidos Bernardo Luis Landa y Luis Américo Muñoz, como posibles autores mediatos, y quienes estaban dentro de la camioneta, Luis Antonio Martínez y Sergio Carlos Bottini, como posibles autores directos.

Sin embargo, ninguno de los tres sospechosos concurrió al juzgado. La defensa del ex militar Andrada presentó un certificado médico y pidió una pericia para intentar evitar que avance la investigación sobre él, mientras que Bottini, supuesto titular de la empresa Agropolo S.A. y de la camioneta, fue representado por un importante estudio de abogados porteño y pidió la suspensión del proceso para él por problemas de salud. 

A partir de las presentaciones, el juez ordenó suspender la audiencia indagatoria para ambos y que se realice un estudio médico. 

Diferente es la situación de Martínez, quien manejaba la camioneta y cuya condena original fue anulada por la Cámara Federal de Rosario. El hombre, quien se había presentado como empleado de Agropolo, nunca pudo ser hallado y las fuerzas de seguridad que intentaron notificarlos se chocaron con la negativa de sus familiares a proporcionar una nueva dirección. Las querellas ya solicitaron que se pida su captura ya que consideran que existe un claro riesgo de fuga a partir de la nueva situación.

Las sospechas sobre Martínez y Bottini son muchas, en particular los indicios que los vinculan con el Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, cerebro de la represión ilegal durante la última dictadura.  

Bottini, quien era el acompañante de la camioneta, dijo que era directivo de la firma Agropolo junto a su hermano, Atilio Alejandro Bottini, quien aparece en los registros del Ministerio de Defensa como Personal Civil de Inteligencia del Ejército durante la dictadura.

La dirección de esa empresa, cuya existencia o negocios nunca fue acreditada judicialmente, era  Viamonte 1866 de la Ciudad de Buenos Aires, a apenas unos metros de la sede del Batallón 601 en una zona donde todos los edificios eran propiedad del propio batallón. 

Ponce de León se había convertido en un “enemigo” del aparato represivo en los primeros años de la dictadura. En un informe de inteligencia que el teniente coronel Manuel Saint Amant, jefe del área 132, elevó al Primer Cuerpo del Ejército, se señalaba que el religioso daba apoyo y refugio a “sacerdotes marxistas” que eran perseguidos en su jurisdicción. “Es evidente que la Iglesia opera en la diócesis bajo la dirección de monseñor Ponce de León como una resultante de fuerzas enroladas sustancialmente en las filas del enemigo”, señaló el represor.