La comunidad del Ignacio Álvarez Thomas, en Villa Pueyrredón, defiende el uso escolar del natatorio que construyó y que mantiene la propia Cooperadora de la Escuela. El Gobierno no responde.

La piscina fue construida en 1970, dentro del predio de media manzana, ubicado en la calle Terrada 3983, con fondos genuinos aportados por las familias y reunidos por la cooperadora, bajo la coordinación del entonces director Jorge Sacco. Desde hace casi medio siglo, entonces, todos los alumnos del ALVA finalizaban los estudios primarios con el plus de saber nadar ya que natación siempre fue una asignatura obligatoria en la currícula y hasta varios de ellos triunfaron en torneos metropolitanos de ese deporte.
Ya en los dos últimos veranos, el Gobierno porteño impidió a la cooperadora del ALVA organizar la colonia de vacaciones en su propia pileta, que en modo autogestionario llevaba décadas realizándose con masiva afluencia de alumnos y otros pibes del barrio. Pero este año la ofensiva ha pasado a mayores y viene afectando a las mismísimas clases en el agua ya que no hay docentes designados por la Ciudad.
El recorte de Larreta desató zozobra en la comunidad escolar, cuyos alumnos, docentes y padres tapizaron los alrededores de la escuela con carteles para reclamar a la ministra porteña de Educación, Soledad Acuña, que frene el despojo de los planes de natación, logrados a partir del esfuerzo de los padres. Un comunicado de la asociación cooperadora detalló que «la decisión de recortes en el Plan Natación, implica la eliminación de dichas clases en el Nivel Inicial y la reducción del tiempo de clases para el Nivel Primario», que «fue comunicada a la institución en los últimos días del ciclo lectivo 2017» y que «contó con un rotundo rechazo por parte de la comunidad toda, por atentar contra la calidad de la educación que reciben los niños y niñas y vulnerar un derecho adquirido por el alumnado de la institución desde hace años».
Ante los intentos de este medio, los voceros del Gobierno porteño no contestaron a ninguna consulta sobre el conflicto. En el comunicado, los padres recordaron que «el natatorio con el que cuenta la Escuela 4 fue construido en su totalidad con fondos genuinos de su Cooperadora, que se hace cargo además del mantenimiento edilicio y de la adquisición de insumos y material didáctico para el dictado de clases y funcionamiento del natatorio y vestuarios, no sólo para uso de los niños y niñas de la propia escuela, sino también de alumnos y alumnas de escuelas cercanas». Por esa razón, advierte el comunicado: «Esta modificación no se fundamenta en ninguna recomendación pedagógica, sino que, el trasfondo de esta medida es netamente económico. La reducción presupuestaria en la cantidad de natatorios que el GCBA utilizaba para esta actividad para todas las escuelas de la ciudad conlleva incremento de alumnos que utilizarán el natatorio de la Escuela 4, que al ser sostenido por la Asociación Cooperadora, no representa gasto para el Gobierno porteño. Una vez más la comunidad y cooperadoras escolares paleando las falencias estatales».
El reclamo ya fue presentado ante la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y forma parte de un amparo presentado ante el fuero contencioso y administrativo porteño con «la representación de la Asesoría de Menores Nº 4, a cargo de la doctora Norma Zas, quien solicitó más información con el fin de reforzar los argumentos expresados y avanzar en el dictado de una medida cautelar favorable».
Antes de recurrir a tribunales, los padres también «mantuvieron conversaciones presencial y telefónicamente con el Director del Área de Educación Primaria del GCBA, licenciado Marcelo Bruno, quien se comprometió a revertir el achicamiento del Plan Natación previsto», sin embargo el funcionario nunca más les contestó, con el mismo silencio que dedicaron desde el gobierno porteño a las consultas de este medio.
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