A nueve años del ataque de una patota a Tiempo, el juicio sigue paralizado por chicanas procesales

Hace nueve años, una patota al mando del estafador Mariano Martínez Rojas intentó frustrar de manera violenta el futuro de la incipiente Cooperativa Por Más Tiempo, cuyos integrantes habían recuperado el diario Tiempo Argentino del vaciamiento del Grupo 23 llevado adelante por los empresarios Sergio Szpolski y Matías Garfunkel. Por el ataque se abrió una causa en manos de la justicia federal, que fue elevada a juicio hace más de dos años. Sin embargo, diferentes dilaciones procesales generan que el caso aún permanezca impune.

Además de Martínez Rojas, el expediente instruido por el juez Marcelo Martínez De Giorgi, del Juzgado Criminal y Correccional Federal 8, tiene como imputados a Juan Carlos Blander, acusado de haber reclutado a por lo menos 13 sospechosos más para irrumpir por la fuerza aquel 4 de julio de 2016 en las instalaciones donde funcionaba el diario y Radio América, en Amenábar 23, en el barrio porteño de Colegiales.

Si bien quedaron acreditados los vínculos entre Blander y la Policía Federal, que brindó la cobertura necesaria para que los matones aquella madrugada pudieran entrar y generar los destrozos en el lugar, la Sala 1 de la Cámara Federal porteña, sugestivamente, dejó afuera del caso al subcomisario Carlos Aparicio y al comisario Jorge Azzolina, quienes estaban a cargo de la entonces Comisaría 31. Vale decir que una semana antes del ataque, Azzolina le recomendó a Martínez Rojas que “contratara” a Blander para que se encargara de la “logística”.

Martínez De Giorgi procesó y elevó la causa a debate oral el 3 de marzo de 2023, en contra de los 15 imputados por delitos tales como “usurpación, daño, interrupción de las comunicaciones y robo”, al establecer que los agresores retiraron “de manera violenta y mediante el uso de la fuerza y amenazas a los tres trabajadores que se hallaban en el lugar, provocó serios daños en los bienes muebles, cortó específicamente las comunicaciones mediante el cercenamiento de los cables de conexión a Internet, teléfono e intranet, y sustrajo principalmente con violencia elementos pertenecientes a la empresa y necesarios para el funcionamiento de la redacción y la radio”.

Finalmente, el Tribunal Oral Federal (TOF) N° 7 resultó sorteado para llevar adelante el juicio, donde el expediente quedó radicado desde el 8 de marzo de ese año. “A poco de andar, el fiscal Gabriel González Da Silva pidió que la causa se devolviera a instrucción porque, a su criterio, había que subsanar defectos formales del requerimiento de elevación a juicio”, explicó a Tiempo la abogada de los trabajadores María del Carmen Verdú.

Es que el fiscal había advertido que “no se identifica cuál o cuáles fueron las comunicaciones que se vieron interrumpidas y no llegaron a ser ‘comunicadas’ a la sociedad en general”, al considerar que fueron mencionadas en “forma genérica sin alcanzar suficiente determinación”.

“Desde la querella nos opusimos y demostramos que no había deficiencia alguna en el requerimiento fiscal de la instrucción, al que se sumó el nuestro”, añadió la referente de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi). Entonces, el 16 de agosto de 2023, el TOF N° 7 rechazó el pedido de González Da Silva.

Dos días más tarde, la Defensoría Oficial Nº 7 pidió la suspensión del juicio a prueba de conducta (probation) para el reclutador de la patota, Blander, y el 26 de febrero del año siguiente, amplió el mismo pedido a favor de los imputados Pablo Javier Batista, Carlos Alberto Ruíz Díaz, Gabriel Martín Moraut, Carlos Roberto Antivero, Marcelo Mauricio Caña y Esteban Oscar Díaz.

“A partir de entonces, el TOF pidió la actualización de antecedentes de todos ellos (requisito previo a iniciar trámite para otorgar o rechazar la probation)”, precisó Verdú, quien describió que “el resto de 2024 y lo que va de 2025 se estuvieron recibiendo los informes de cada uno de ellos”.

En el medio, el 30 de mayo de este año, renunció el abogado defensor de Martínez Rojas, Alejandro Sánchez Kalbermatten. El supuesto comprador de Tiempo Argentino y Radio América era el único imputado que tenía una defensa particular. Desde principios de junio, su asesoría letrada quedó a cargo de la Defensoría Nº 7, que ahora asiste a la totalidad de los acusados.

Así las cosas, desde hace meses que el TOF N° 7 tiene pendiente la resolución del pedido de probation de Blander y la patota. “Este es el ‘ritmo procesal’ que imprime la justicia federal a una causa en la que se debe juzgar un ataque a la libertad de prensa independiente”, concluyó la abogada de la querella.