A pesar del discurso, el gobierno recorta fondos a las políticas de género

El compromiso es trabajar para erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres», se apuró a tuitear el presidente, horas después de la denuncia pública de Thelma Fardín contra Juan Darthés. En los números, sin embargo, el compromiso oficial es endeble: durante 2018, el gobierno nacional le quitó $ 14 millones a la Formulación e Implementación de Políticas Públicas de la Mujer, y el Presupuesto 2019 destinará sólo un 0,11% de fondos a las mujeres, desde programas de salud hasta redes de contención ante la violencia de género.

El viernes, Mauricio Macri buscó sumarse a lo que apodó la «revolución de las mujeres» y presentó el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades, anunciando vagamente que tiene «35 medidas y 200 compromisos». El plan no incluye un aumento presupuestario, y fue tildado de «oportunista» por la oposición. La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, enfatizó: «Hay una encuesta que nos dice que si seguimos a este ritmo vamos a tener que esperar 217 años para lograr la verdadera igualdad. ¿Y saben quién es el primero que no está dispuesto a esperar esos 217 años? Mauricio Macri, nuestro presidente».

El Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), dirigido por Fabiana Túñez, fue creado en septiembre del año pasado para darle mayor jerarquía al Consejo Nacional de las Mujeres. Pasó a tener rango de Secretaría de Estado, con mayor autonomía. Entre sus principales metas figuran las Escuelas Populares de Formación de Género, la Protección Integral y Articulación de Acciones Directas, y el Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. 

El INAM arrancó el año con un presupuesto de 211,5 millones de pesos. Sin embargo, al día de hoy, según números oficiales del Ministerio de Hacienda, se redujo a 197,5 millones. Desde el Ejecutivo argumentaron que los fondos quitados se transfirieron a la seguridad del edificio del INAM y que «no afecta gastos imprescindibles». A ese recorte hay que agregarle cuánto gastaron. A falta de dos semanas para fin de año, llevan ejecutado apenas el 77,8%: 153 millones. Quedarán sin usar más de $ 50 millones del presupuesto original.

Cada 32 horas, una mujer es asesinada en la Argentina. Si  hay un correlato presupuestario que apunte a revertir esa ominosa realidad, el panorama no es alentador. El Presupuesto 2019 reduce en un 19% los exiguos fondos (0,11% del total) dedicados a las mujeres. Prevé, por ejemplo, una disminución del 18% en términos reales de la partida para el INAM, porque si bien crecerá en 23 millones (11%), el aumento es menor a la inflación interanual. El Programa de Atención a la Madre y el Niño se ajustará un 68 por ciento.

«Respecto a las políticas de Estado, hoy son más claras que antes, pero el presupuesto del INAM no es lo único. Otros ministerios tienen responsabilidad en esas políticas y estamos pidiendo que aclaren esos gastos en sus presupuestos. Esto es lo que resulta más difícil», remarca Mabel Bianco, titular de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM). «Necesitamos campañas de desnaturalización de la violencia. Se avanzó en capacitación sobre perspectiva de género, pero faltan metas más específicas para algunos grupos, por ejemplo, el personal de la Justicia que capacita a los jueces. También contar con personal de seguridad capacitado y con protocolos de actuación unificados en todo el país. Falta un largo trecho».

El Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) analizó el Presupuesto 2019 desde una perspectiva de género. En el informe subrayan que «además, se produjo un retroceso respecto del peso del INAM sobre el total del Presupuesto. Mientras que en 2018 representaba el 0,006% del Presupuesto nacional total, para 2019 representa un 0,00005 por ciento. En el proyecto de Presupuesto se disminuyen algunas partidas que resultan clave para la prevención, atención y erradicación de las violencias contra las mujeres, como es el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia (PNA) y las líneas de atención telefónicas dependientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos».

El PNA tendrá 20 millones menos, y el programa que contiene las líneas 137 y 0800-222-1717, que contaba con $ 295 millones este año, sumará en 2019 apenas seis millones más. Protección de las Víctimas de Violencia sufrirá un recorte del 24%, y «Asistencia y Patrocinio Gratuito a las Víctimas de Violencia de Género» no recibirá un solo peso más.

Tras la denuncia de Thelma Fardín, se triplicaron las llamadas al 144 referidas a niñas, niños y adolescentes en situación de violencia. Sin embargo, el presupuesto para sus trabajadoras y trabajadores no crece en el mismo sentido. Así lo explicó una de las empleadas, Noelia Figueroa: «Crecen las denuncias, muchas se están animando. Lo que no cambia es el nivel de explotación y precarización de quienes trabajamos en dispositivos de atención y acompañamiento. En el Estado, en todos sus niveles, ¡la única forma de estar a la altura es con presupuesto!». «

Educación Sexual Integral, otra clave

Un análisis del programa «Las Víctimas Contra Las Violencias» 2017-2018, a cargo de Presidencia y Unicef apunta que el 62% son niñas, niños y adolescentes: «Es necesario que se desnaturalice el abuso sexual como un tema privado y comience a ser tratado como una cuestión pública y un delito grave». Y agrega: «Es fundamental trabajar en la prevención y en la protección de manera interinstitucional. En función de ello, la escuela, a través de la Educación Sexual Integral (ESI), brinda información que resulta fundamental para que niñas, niños y adolescentes cuenten con herramientas útiles que les permitan identificar y pedir ayuda ante situaciones de violencias sexuales».

Sin embargo, al avance de grupos antiderechos que se oponen a la ESI se suma la inacción del Estado. El programa «Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable» lleva apenas una ejecución del 58 por ciento este año.

Una buena noticia en el Presupuesto 2019 es el aumento en la partida de Fortalecimiento de la ESI, que pasa de 21 a 102 millones de pesos, «un avance producto, sin duda, de la marea verde», según el análisis de ELA.