A un año del derrumbe, las familias del PH de la calle Pedro Goyena, en Caballito, siguen en un limbo

Una fuerte tormenta azotó la Ciudad de Buenos Aires. Muchas calles y varias avenidas estaban inundadas, algunas líneas de subtes paralizadas. Los cortes de energía y caída de árboles mantuvieron en vilo a millones de vecinos y vecinas del distrito. Pero ese jueves 8 de febrero de 2024, lo peor aún no había pasado. Tras el temporal, 14 familias de un PH de la calle Pedro Goyena al 500 en el barrio de Caballito fueron víctimas de las consecuencias del derrumbe de una obra lindera. El colapso nada tuvo que ver con la tormenta, en varias ocasiones las familias denunciaron la aparición de grietas y filtraciones en sus departamentos, pero el Gobierno de la Ciudad jamás suspendió la obra.

Tras el colapso, dos hermanos, Nelly y Ramón (75 y 77 años)  fallecieron en el lugar. Desde entonces las familias no pueden retirar la totalidad de sus pertenencias que quedaron dentro de los departamentos. A un año del hecho, denuncian que fueron abandonadas por el GCBA y que ya no les atienden las llamadas. Este sábado realizaron un abrazo al edificio, mientras en la Legislatura el PRO se niega a tratar varios pedidos de informes.

“Estamos en la misma situación, sin poder regresar a nuestras casas. Hasta junio del año pasado el gobierno de la ciudad era quien arbitraba los medios para que nosotros pudiéramos hacer ingresos periódicos, mantenimiento y sacar nuestras cosas. Porque todo sigue adentro de las casas: las heladeras, cubiertos, todo”, contó a Tiempo Ingrid Vadalá, una mujer que vivía en el complejo PH junto a sus dos hijos y su marido.

Las familias sostienen que, desde el mes de junio pasado, los funcionarios de CABA se desligaron de sus responsabilidades y dejaron de intervenir. En octubre pasado cortaron todo tipo de comunicación y dejaron de atender sus llamados.

“Lo que nosotros necesitamos es justicia por Nelly y por Ramón, que ellos ya lamentablemente no pueden hacerlo. Y exigir al gobierno que vuelva a ser el nexo entre nosotros y la constructora, para que la empresa, de una vez por todas, empiece a reconstruir el lugar. Si no lo hacen nosotros no podemos volver a vivir a nuestras casas”, sintetizó Ingrid.

Hasta la fecha, las familias viven en departamentos alquilados y los costos son abonados por la constructora MAB INVERSIONES S.R.L, que en principio se negaba a hacerlo, pero los abogados que representan a las familias lograron que se hicieran cargo.

“La constructora da muchas vueltas para darnos el dinero, para juntarnos a firmar o darnos el ok para la renovación de los contratos, dado que cada seis meses los valores del alquiler cambian”, termina.

Las familias de Pedro Goyena no comprenden a qué se debe el abandono por parte de las autoridades porteñas. Tienen que discutir en soledad con una empresa privada para que se siga haciendo cargo de sus responsabilidades.

“En principio argumentaron que había temas de seguridad y un poco se pasaban la pelota entre ellos y la fiscal, que lleva la causa y que tiene clausurado el lugar. Por esa razón decían que no se podían hacer los arreglos necesarios para que fuera de nuevo seguro volver a entrar a nuestras casas”, señaló Elisa Muñoz, que junto a su hija adolescente vivía también en un departamento de Pedro Goyena.

A medida que pasa el tiempo las viviendas del PH se siguen deteriorando y la empresa y el gobierno local hacen oídos sordos a sus reclamos.

“Estamos muy preocupados por nuestras propiedades. No podemos aceptar que el gobierno se desentienda porque ellos son los que autorizaron esa obra y la fiscalizaron. Por suerte la causa penal que se abrió de oficio por las muertes avanzó. Se hicieron las pericias en las que se han constatado muy claramente las responsabilidades”, agregó Muñoz. La investigación la lleva adelante la fiscalía a cargo de Mariela Paola de Minicis.

Edificios en riesgo

Un informe realizado por la asociación civil Defendamos Buenos Aires revela que en la Ciudad hay alrededor de 5600 inmuebles en peligro de derrumbe y casi la totalidad de ellos sufrió algún desprendimiento.

“Esta cantidad es la que relevamos en los últimos 12 meses. Nosotros seguimos reclamando que el gobierno porteño debe cumplir con el artículo 34 de la Constitución de la Ciudad que dice que la seguridad es un deber irrenunciable del Estado, pero lamentablemente no hay un control o seguimiento de las obras”, explicó a Tiempo Javier Miglino, titular de la ONG

En la legislatura descansan varios documentos que indagan al ejecutivo porteño sobre este tema, pero el la administración de Jorge Macri se niega a responderlos. “Yo presenté dos pedidos de informes sobre los derrumbes en Palermo y Caballito y también un pedido de citación de funcionarios, pero nunca los trataron y en los hechos quedó clarísimo que se trataba de dos derrumbes que podrían haber sido evitados porque había muchas denuncias de los vecinos previas que anticipaban que eso iba a suceder”, manifestó a Tiempo el legislador del Partido Obrero Gabriel Solano.

El referente de izquierda asegura: “desde que se aprobó el código urbanístico se han agravado las construcciones y también los accidentes de este tipo como resultado de la falta de control del gobierno, que da vía libre a cualquier desarrollo inmobiliario”.