Abogado del Grupo Macri es el nuevo procurador del Tesoro Nacional

Otra baja en el oficialismo para encuadrar a los funcionarios públicos en los lineamientos de la administración Macri. Esta vez se trata del Procurador del Tesoro, Carlos Balbín, quien en los próximos días dejará el cargo –y no por voluntad propia- aunque aún no se informó sobre su posible sucesor ni si aceptará un cargo que se le ofrece en la ONU.

Balbín, que contaba con la simpatía de Elisa Carrió por lo que la dirigente considera altos estándares de honestidad, quedó envuelto en una fuerte polémica dentro del PRO, desde fines de 2016, cuando le atribuyeron una estrategia fallida para defender al Estado en el tema de las tarifas, que terminó judicializado y con fallo en contra de la Corte Suprema de Justicia por el incremento del gas y en varios juzgados por la electricidad.

Su reemplazante ya tiene nombre: Bernardo Saravia Frías quien cuenta con importantes conexiones políticas, viene de ser asesor de Fernando De la Rúa, fue uno de los aportantes para la campaña de Ernesto Sanz en las primarias y es el abogado del Grupo Macri.

Además, se desempeñó en el BankBoston desde 1997 y tuvo participación activa en las negociaciones con el Poder Ejecutivo y el Banco Central en las compensaciones a los bancos tras el corralito.

Hay más sobre sus vínculos, ya que cuenta con cercanías con compañías mineras que operan en el país: Yamana Gold, Mega Uranium Ltd, OroCobre, Borax, Argentina Mining, Patagonia Gold, Pan American Silver y Minera Triton, entre otras.

Es que su socio, Carlos Saravia Frías, es el vicepresidente del Grupo de Empresas Mineras de Exploración de la República Argentina (GEMERA).

A Balbín también se le criticó su postura en relación con los acuerdos con los fondos buitres. Pero su actuación más cuestionada dentro del gobierno fue la que tuvo en torno del escándalo por la licuación de deudas del Correo Argentino, que involucra a la familia presidencial.

Es que cuando trascendieron los pormenores del acuerdo que entre bambalinas se había realizado entre representantes del Estado y de la firma que había accedido a la privatización del Correo, en los 90, y que pertenece al grupo Socma, de los Macri, el Procurador ordenó realizar una auditoría para determinar cómo se llegó la cifra establecida en el marco del concurso preventivo de la empresa y decidió iniciar un sumario administrativo.

El disgusto inicial se canalizo ahora al pedido de renuncia que, sin embargo, para la jefatura de Gabinete, que conduce Marcos Peña Braun, no es una expulsión lisa y llana. «No echamos a nadie, ¡es un ascenso!», insistieron.