Aborto legal: a pesar del desfinanciamiento nacional el derecho se garantiza

El 30 de diciembre se cumplen cuatro años de la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Argentina, un derecho que se ganó en las calles y en todos lados pero que desde finales del año pasado comenzó a transitar un nuevo hito en su camino: el de sostenerse pese al desfinanciamiento de las políticas públicas nacionales que hacen posible que abortar, en Argentina, sea una acción relacionada a la libertad de decidir y no al miedo. La Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) cambió la vida de miles de mujeres y personas gestantes, tal como anticiparon los feminismos que sucedería.

Conocida como Ley IVE, esta norma fortaleció la salud sexual y reproductiva de la población, logró descender la muerte materna y permitió sacarle el velo tabú del aborto. La Red de Acceso al Aborto Seguro Argentina (REDAAS) es una red de profesionales de la salud y el derecho vinculados con servicios de salud pública y comunitaria de la Argentina. Este año presentaron el reporte “Logros de la política de acceso al aborto y amenazas actuales”, en el marco del Proyecto Mirar, una iniciativa que nace luego de la sanción de la Ley IVE, con el objetivo de monitorear su implementación en Argentina.

Este proyecto recopila, analiza y difunde información para la toma de decisiones y la incidencia con el propósito de mejorar el acceso y la calidad en la atención del aborto. El mismo asegura que “desde que la interrupción del embarazo es ley, se lograron cambios significativos en indicadores como mortalidad materna, fecundidad adolescente y ampliación de los efectores de salud que dan acceso a IVE-ILE”.

Entre los hallazgos más significativos se encuentra la tendencia al descenso de las tasas de fecundidad específicas de niñas y adolescentes. El documento también resalta que, desde que el aborto es ley, se logró una reducción de la tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años del 57%, donde intervienen situaciones ligadas al abuso sexual del entorno familiar cercano. “Un descenso de esta magnitud es inédito en América Latina” asegura el documento.

Otros datos que se destacan son la disminución del número de muertes maternas por aborto, especialmente las relacionadas al aborto médico, otros abortos y abortos no especificados y también el crecimiento de los servicios de salud pública que realizan abortos: de 2020 a 2023 se duplicaron.

Al momento de analizar el contexto actual en el que se implementa el derecho a decidir de mujeres y personas gestantes, el Proyecto Mirar hace énfasis en el quiebre que se da a partir del inicio de la gestión de Javier Milei. El informe asegura que en 2023 se entregaron 106.737 medicamentos para IVE-ILE (mifepristona y misoprostol) y en 2024 ninguno. La caída fue del 100%.

Basado en información de acceso público, el informe da cuenta de que el Estado Nacional tampoco distribuyó insumos contemplados en el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, establecido por la Ley 25.673. La distribución de preservativos se redujo de 4,4 millones a 2,4 millones de unidades y la entrega de anticonceptivos inyectables y orales también se redujo en este lapso de tiempo: pasó de 4,9 millones a 2,3 millones de tratamientos entregados entre 2023 y 2024, lo que significa una baja del 53,9%.

De los métodos anticonceptivos de larga duración para las adolescentes -como él implante subdérmico, que se distribuían  en el marco del Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA)– también hubo una disminución: pasaron de 50 mil a 21 mil. Esto significa un 57% menos.

La posibilidad de decidir en libertad, con dignidad y justicia

Aun con el recuerdo de las movilizaciones masivas que reclamaron sistemáticamente por la sanción de la ley a flor de piel, desde los equipos de salud a las activistas, todxs dan cuenta de los esfuerzos que este año debieron hacer para garantizar este derecho fundamental para la mujeres y personas gestantes. Ruth Zurbriggen es integrante de Socorristas en Red y de la Colectiva Feminista La Revuelta de Neuquén. Camina, piensa y activa desde hace muchos años por los derechos reproductivos y no reproductivos.

En diálogo con Tiempo, aseguró que “la existencia y puesta en marcha de la Ley 27610 trajo bienestar y salud”. Para ella, la ley posibilitó cambios en relación a cómo vincularse con la decisión de abortar. “Les dio la posibilidad a las personas de decidir con mayor libertad, seguridad, dignidad y justicia” asegura.

Cuenta que desde Socorristas en Red hay múltiples ejemplos de cómo esto se fue expresando y uno de ellos está en el modo de expresar la necesidad de acceder a una interrupción voluntaria del embarazo. “Simplemente nombrando la palabra aborto. Diciendo aborto” dice y explica que “esto es efecto de la inmensa trama de hechos, acontecimientos, prácticas políticas, luchas callejeras y derechos alcanzados en los que se engarza la lucha incansable y amplia por el aborto legal, seguro y gratuito. En Socorristas en Red la nombramos como la ley más colectivamente luchada”

Para Ruth, la sanción de la ley puso en marcha un proceso intenso y articulado desde el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva para implementar este derecho pero pese a esos esfuerzos, recuerda que “tampoco fue un proceso fácil ni armónico”. Ese escenario, afirma la activista, tiene un fuerte quiebre en diciembre de 2023 con la llegada de Javier Milei a la presidencia.

“Todos los recortes y vaciamientos a la salud pública afectan directamente a la Ley 27.610” aseguró. En ese sentido dice que esto “obstaculiza el acceso a la justicia reproductiva, ya que existe un desentendimiento irresponsable de lo que implica la salud sexual, reproductiva y no reproductiva para las poblaciones y la importancia de que el Estado proyecte políticas específicas. Lo que fue pasando con el Plan ENIA es parte de esa irresponsabilidad cruel y dañina”

Ruth reflexiona que, junto con el vaciamiento, están las narrativas en contra del aborto que se difunden desde voces oficiales.”Es una especie de combo explosivo, donde vemos vaciamiento presupuestario a nivel nacional y  el interés por instalar discursos que desalienten a quienes activamos por el derecho a las autonomías y libertades corporales”

En ese sentido Zurbriggen afirma que es necesario insistir con campañas sobre la vigencia de la ley para que el acceso al aborto no se ponga en duda.

Insistir y persistir

Es el nombre del último informe del Proyecto Mirar, una iniciativa del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) junto a Ibis Reproductive Health que tiene el objetivo de monitorear la implementación de la ley de aborto en Argentina. En el 4 aniversario de la Ley 27.610 el informe subraya la necesidad de registrar los esfuerzos a nivel jurisdiccional por sostener este derecho y brindar herramientas para superar los obstáculos.

Dieciocho jurisdicciones respondieron acerca de lo ocurrido en el 1er semestre de 2024 con lo que el documento despliega indicadores de acceso y calidad al aborto seguro y legal en Argentina.