Actividad e ingresos, en retroceso

Esta semana se conocieron una serie de datos económicos que confirman, una vez más, el deterioro productivo y de las condiciones de vida de la mayor parte de la población.

El nivel de actividad registró una baja interanual del 0,2% durante el primer bimestre del año. Se considera el bimestre, dado que enero y febrero son meses en los que se alternan vacaciones y paradas de plantas.

Al igual que en los meses anteriores, la economía continúa mostrando una fuerte heterogeneidad. El sector agropecuario registró un alza del 17,5% interanual, la minería un 10,1% e intermediación financiera un 6,6%. Por su parte, cayó un 5,7% la industria manufacturera, un 5,2% el comercio mayorista y minorista, y un 4,4% electricidad gas y agua.

Dentro de la industria, la metalúrgica en particular se encuentra en caída libre. Según datos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) se perdieron casi 21.000 puestos de trabajo en el sector desde el inicio de la actual gestión.

Cuando se compara marzo de 2026 contra marzo de 2025 se observa una merma del 4,2% en el rubro, la cual se suma a la registrada en el 2024, como indicó el presidente de ADIMRA, quien además agregó que de cada diez máquinas que hay, casi seis están paradas.

Para el titular de esa asociación, “la industria metalúrgica no es un sector que despide rápido: el trabajador metalúrgico es un trabajador que necesita formación, que necesita capacitación, (…) se invirtieron recursos en él. Para nosotros, despedir un trabajador es evidenciar que nuestro proyecto no va a tener éxito”. Los despidos son una clara muestra de que el sector no tiene perspectivas de mejorar, al menos en el mediano plazo.

En tanto, los ingresos de los/as trabajadores/as se siguen deteriorando. Según el INDEC, los sueldos de los asalariados/as privados registrados descendieron un 5,2% en el primer bimestre del año con relación a igual periodo de 2023. Se encuentran en su menor nivel desde el comienzo de la serie en 2017, excepto 2024. Los asalariados/as públicos/as, por su parte, perdieron un 19,6% de su poder adquisitivo.

Esta coyuntura se ve además atravesada por el incremento en lo que se debe pagar por los servicios públicos, producto de la significativa reducción de los subsidios por parte del Estado, a lo que se suma la recomposición de las tarifas que cobran las empresas.

Un estudio de la UBA y el CONICET señala que la canasta de servicios del AMBA, que incluye agua, energía eléctrica, gas natural y transporte, se incrementó un 667% entre diciembre de 2023 y abril 2026, bien por encima del nivel general de precios estimado (223%).

En el desagregado, el estudio indica que el agua aumentó el 418%, la electricidad un 276% y el gas por redes un 1.048%. Pero el mayor incremento, sin embargo, no fue en este último servicio sino en el transporte público, con una suba acumulada en el período de 1.236%.

Como he expresado en otras columnas, además de la caída en los ingresos reales, éstos se ven afectados por mayores incrementos en el precio de los alimentos y los servicios públicos, que explican gran parte del consumo de los hogares.

Proyecto de reforma electoral

La reforma electoral que impulsa el oficialismo, y que ya ingresó al Senado, propone la eliminación de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que fueron originalmente creadas para incrementar la participación ciudadana en la vida democrática. En todo caso, la solución sería mejorar el proceso, no eliminarlo.

Además, el gobierno pretende reformar la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, para, entre otras cuestiones, ampliar el límite al aporte de recursos no estatales. Según el proyecto, los partidos no podrán recibir un monto superior al 35% de financiamiento privado, límite que actualmente es del 2%.

Este cambio podría devenir en situaciones de corrupción y de privilegios para determinados sectores, subordinando las posibilidades que tienen las distintas fuerzas a los intereses de los principales grupos económicos. Esto dejaría en una posición de debilidad relativa, y menguaría las chances, a aquellas fuerzas que persigan un modelo de país que entre en contradicción con los intereses del capital concentrado. Ante esta avanzada, mi posición es conocida: creo que habría que ir hacia una total financiación pública, prohibiendo cualquier otra modalidad alternativa.

En uno de los últimos informes de la organización Oxfam, titulado “Contra el imperio de los más ricos”, se hace referencia a las desigualdades que genera la intervención de los privados en los partidos políticos. Oxfam sostiene que “los datos de 136 países confirman que, a mayor desigualdad en la distribución de los recursos económicos, mayor desigualdad también en la distribución del poder político. Esto acaba traduciéndose en la adopción de medidas políticas que anteponen los intereses de las élites frente a las necesidades de los grupos de menores ingresos”. A lo que agrega: “las personas más ricas del mundo han construido su poder político principalmente de tres formas: comprando el apoyo político, invirtiendo en legitimar el poder de las élites y garantizándose un acceso directo a las instituciones”. La reforma que promueve el gobierno podría traducirse en alguna de estas situaciones.

Modificación de la Ley de Discapacidad

En una muestra más de cuáles y quiénes son las prioridades de este modelo, el Ejecutivo presentó un proyecto para modificar la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso de la Nación en julio de 2025, con el objetivo de garantizar el acceso a derechos fundamentales que estaban (y siguen estando) amenazados por las acciones del gobierno.

El presidente vetó la norma en agosto, aunque luego el Congreso logró insistir en su sanción. El Poder Ejecutivo la promulgó, pero simultáneamente suspendió su vigencia. Finalmente, y luego de un fallo judicial, se reglamentó la ley en febrero de 2026.

Según menciona REDI, una asociación que trabaja por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, el proyecto presentado ahora por el Ejecutivo, denominado “Ley Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, constituye una nueva embestida contra el colectivo de personas con discapacidad. El propio título estigmatiza y discrimina. De sancionarse, este proyecto pone en riesgo no sólo el acceso a las pensiones no contributivas sino también al sistema de prestaciones básicas vigentes hace casi 30 años.

A modo de conclusión, hay dos modelos de país económico, político, social y cultural. Uno de ellos cree que la justicia social es un delito y que el Estado es una organización criminal. Igual que aquellos que decían “achicar el Estado es agrandar la Nación”, los que convalidaban la idea de que “todo lo estatal deberá ser privatizado” y quienes hablaban de crear un Estado “canchero” para que los privados jugaran libremente… Con matices y diferentes estilos, todos ellos decían lo mismo: que hay que poner al Estado a un costado y dejar que sean los privados los que asignen los recursos. Ése no es el camino: si lo que se busca es mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población, es necesario un Estado presente para quienes más lo necesitan.