El Gobierno firmó el acuerdo que favorece las inversiones y el comercio de Estados Unidos

Por: Randy Stagnaro

Aun no se conoce el texto final, que será publicado por EE UU. En noviembre pasado, trascendieron algunos de sus aspectos, que en su enorme mayoría favorecían a Washington.

Los gobiernos de Estados Unidos y la Argentina firmaron un «amplio» acuerdo comercial y de inversiones que profundiza la política de seguidismo del gobierno de Javier Milei respecto de Washington.

El acuerdo fue firmado por el canciller argentino Pablo Quirno y el responsable de las negociaciones comerciales de la administración de Donald Trump (la USTR), Jamieson Greer.

En su cuenta en la red social X, Quirno dijo: “Acabamos de salir de la firma del acuerdo de comercio e inversión recíproco entre la Argentina y Estados Unidos. Felicitaciones a nuestro equipo y gracias al equipo del USTR por construir juntos este gran acuerdo. La Argentina será próspera».

Luego, la Oficina del Presidente señaló mediante un comunicado que el acuerdo “será remitido al Congreso para su tratamiento, conforme a lo establecido por la Constitución”.

Está por verse cómo se integra este acuerdo con el firmado recientemente con la Unión Europea y el Mercosur y, al mismo tiempo, qué impacto tendrá en este bloque regional.

Antes, el ministro Quirno mostró en la red social X el preámbulo del acuerdo que firmó con Greer, en el que se asegura que el acuerdo apunta, entre otras cosas, a «la reducción de barreras arancelarias y no arancelarias» en el comercio entre ambas naciones y a «mejorar su alineamiento para abordar prácticas comerciales desleales», una fórmula que en el idioma diplomático de Washington está dirigida a China en particular, pero que en el marco de la guerra comercial decretada por el gobierno de Donald Trump, podría ampliar la cantidad de países destinatarios.

Qué se sabe del acuerdo

Según la información que dejó trascender Cancillería, será la USTR la que dará a conocer la versión «final y completa» del acuerdo, dando a entender que aun quedaban algunos detalles por cerrar.

No obstante, algo se puede presumir sobre el acuerdo anunciado este jueves. En noviembre pasado, el gobierno anunció que estaba negociando este acuerdo marco y dejó trascender algunos puntos de lo que ya se estaba negociando, y quedó claro que se trataba de una imposición a la Argentina de los términos geopolíticos de EE UU.

Los beneficios para las empresas argentina tienen dos niveles. Desde un punto de vista más general, Estados Unidos eliminará los aranceles para 1675 productos argentinos. Cancillería aseguró que esto permitiría aumentar exportaciones por U$S 1013 millones.

Washington también fondeará a exportadores argentinos con planes concretos de venderle a EE UU bienes de «interés estratégico», para lo cual empleará su Banco de Importaciones y Exportaciones y la Corporación Financiera para el Desarrollo Internacional. Es decir, el financiamiento no es para cualquiera que quiera vender a Estados Unidos sino solo para los que vendan productos que interesan a Washington, como los minerales críticos.

Desde un punto de vista particular, amplía a 100.000 toneladas el acceso preferencial a la carne bovina argentina desde las 20.000 toneladas del último año. Claramente, el sector ganadero es el ganador de este acuerdo. Es previsible que una consecuencia sea que el aumento del precio de la carne por encima de la inflación.

Por el lado de los compromisos de Argentina, se sabe que eliminaría 221 posiciones arancelarias de maquinaria, material de transporte, dispositivos médicos y químicos. Además, bajará al 2% el arancel de otras 20 posiciones, principalmente autopartes. Además, en el caso de los vehículos, carnes y otros productos agrícolas, pondrá cuotas de importación, que hoy no existen. Con todo, el compromiso final es eliminar todos los cupos a productos estadounidenses.

Dos aspectos importantes de los compromisos que asume la Argentina son el vinculado con la propiedad intelectual, donde el gobierno se comprometió a adoptar los estándares de EE UU, y el del comercio digital y de datos, donde se “establece un marco seguro y favorable para las startups, fintech y empresas tecnológicas”. Según expertos, esto podría implicar que la Argentina no podría aplicar regulaciones a las Big Tech (Amazon, Google, Microsoft, Apple y otras). Es más, Buenos Aires deberá reconocer a Estados Unidos como jurisdicción adecuada para la ley argentina para la transferencia de datos personales y no deberá discriminar los servicios y productos digitales estadounidenses.

Además, Estados Unidos eliminará los aranceles a la importación de recursos naturales no disponibles en ese país y a productos no patentados para aplicación farmacéutica. Es decir, favorecerá la introducción de bienes que no posee y que considera estratégicos.

El acuerdo consolida la decisión del gobierno de demoler los organismos técnicos de estandarización y control que funcionan en la órbita estatal, como el INTI y el INTA. Los productos de EE UU podrán ingresar a Argentina solo con contar la autorización del ente de estandarización de EE UU.

Hay más. El acuerdo obliga a la Argentina a no importar bienes producidos mediante trabajo forzoso u obligatorio, una acusación que suele emplear Washington en su retórica contra China, en particular por la situación en Sinkiang, una provincia al oeste de China en el que se desarrolla una larvada lucha por autonomía.

Críticas

Las principales críticas apuntan a que es desbalanceado y perjudicial para la soberanía argentina. Se cuestiona su impacto asimétrico en el comercio y la posible pérdida de herramientas regulatorias.

Desde el riñón del establishment, el economista Martín Redrado lo califica de «desbalanceado» porque Argentina cede en 12 de 16 puntos, bajando aranceles a productos químicos, farmacéuticos y automotrices, mientras EE UU ofrece concesiones limitadas, como cuotas para carne. La productividad de la industria de EE UU supera con creces a la de las fábricas locales y eso hace al valor final de su producción.

Además, la Argentina cede soberanía en el control sobre regulaciones ambientales, laborales y tributarias, con mecanismos que permiten demandas internacionales contra el Estado argentino, similar al RIGI. Grupos como la Asamblea Argentina Mejor sin TLC ven en él un «blindaje jurídico» que limita la autodeterminación económica.

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