Impulsan un Proyecto de Ley para reformar y modernizar el Sistema Estadístico Nacional

En medio de la intempestiva renuncia de Marco Lavagna como director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), la oposición presentó un Proyecto de Ley para la reforma, modernización y actualización del Sistema Estadístico Nacional. La iniciativa es de la diputada Roxana Monzón, de Unión por la Patria, que busca así «asegurar la producción, difusión y resguardo de información estadística oficial de calidad, oportuna, transparente, comparable y confiable, conforme a estándares técnicos y metodológicos reconocidos a nivel nacional e internacional, en resguardo del interés público y para el adecuado diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas».

“Con los acontecimientos de hoy, se hace más indispensable que nunca el tratamiento de este proyecto. El objetivo es reforzar el sistema estadístico”, expresó Monzón sobre el proyecto que refuerza la autonomía técnica, profesional y metodológica del INDEC entendiendo las estadísticas públicas como un bien público esencial para la democracia. “La gente vive una cosa, el INDEC mide otra. Con números falsos no hay políticas reales“, agregó Monzón.

El proyecto incluye entre sus puntos la obligación legal de actualizar la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares y la canasta del Índice de Precio al Consumidor cada 5 años como máximo. Las actualizaciones se han dado históricamente con interrupciones significativas, lo que genera un profundo desfasaje respecto a los patrones de consumo contemporáneos. A su vez, el proyecto reafirma que la medición de la inflación debe basarse en la ENGHo más reciente, conforme a estándares internacionales.

En el presente, explica el proyecto, categorías de gasto esenciales como alquileres de vivienda, servicios públicos y privados, medicamentos, prestaciones de salud, educación y la conectividad digital representan una proporción significativamente mayor del gasto de las familias. La subrepresentación de estos componentes en la medición oficial provoca, por lo tanto, una grave distorsión en la percepción real del costo de vida. Un Índice de Precios al Consumidor desactualizado, que no refleja la creciente importancia de estos nuevos hábitos de consumo, subestima la inflación efectiva y, consecuentemente, distorsiona la medición de la pobreza y el costo de vida.

A estas deficiencias se suma la insuficiente desagregación territorial de la información, que homogeneiza realidades profundamente desiguales, invisibilizando las problemáticas específicas de las economías regionales y del interior del país, y que no logra captar la diversidad de gastos existentes entre los distintos estratos socioeconómicos. El proyecto exige desagregación regional y provincial, visibilizando el impacto del ajuste en el interior.

Finalmente, para garantizar la transparencia y asegurar la correcta implementación de las reformas, se impulsa la creación de un consejo consultivo multisectorial integrado por universidades, especialistas, miembros del Congreso, representantes de las provincias, entre otros actores relevantes. La viabilidad de este consejo se sustenta en que no generará erogación de gastos, dado su carácter ad honorem, al tiempo que será plural y representativo, facilitando un efectivo control público federal.