El acuerdo con Estados Unidos, ¿hará a Argentina grande?

Estados Unidos es un actor central para la Argentina: es el tercer socio comercial, uno de los principales inversores extranjeros y cumple un rol decisivo en el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI), donde nuestro país es el principal deudor y arrastra una abultada deuda.

Sin embargo, el Gobierno de Javier Milei ha llevado la relación bilateral a un nivel de alineamiento inusitado e innecesario. Esta orientación se manifiesta de múltiples formas y redefine la inserción internacional del país, con efectos directos sobre la política exterior y de defensa, la economía y los compromisos internacionales en materia de cambio climático, derechos humanos y género.

El anuncio del Acuerdo Comercial y de Inversiones entre Washington y Buenos Aires profundiza aún más esta dinámica.

Tampoco es novedad que el Gobierno argentino llegó a negociar este acuerdo en una posición de debilidad. Todo indica que se trata de una contrapartida del swap y del salvataje financiero impulsado por la administración de Donald Trump, que permitieron, en el corto plazo y de cara a las elecciones de medio término, contener la desconfianza sobre el rumbo del plan económico.

Este artículo analiza los aspectos legales, financieros, económicos, geopolíticos y productivos del Acuerdo Comercial y de Inversiones, así como las implicancias de la estrategia de subordinación irrestricta que Milei propone frente a Estados Unidos.

Normados por EEUU

Si bien aún no se conoce la letra chica del acuerdo, todo indica que la Argentina se comprometería a aceptar normas estadounidenses en sectores sensibles para la economía y la producción, como el alimentario, el farmacéutico y el automotriz.

Esto implicaría renunciar a estándares propios, debilitar organismos nacionales como el SENASA y la ANMAT y hasta contradecir compromisos vigentes en el MERCOSUR. Desde el punto de vista legal, el escenario abre interrogantes significativos.

Y aunque un acuerdo no requiere aprobación del Congreso, las modificaciones regulatorias y normativas que se anticipan ameritan una atención estricta del Poder Legislativo.

Sin importar la estructura legal, el solo anuncio de que se esté trabajando en un acuerdo marco ya ha sido muy bien recibido por los mercados. En la city, se respira una sensación de completitud del rescate financiero que realizó Donald Trump previo a las elecciones de Milei, permitiendo que las acciones y bonos sigan subiendo, y consecuentemente bajando el riesgo país.

En este sentido, el Gobierno festeja un escenario que permita reestructurar la deuda de tenedores privados, y abra camino más propicio para programas como el anunciado de Deuda por la Educación.

Sin embargo, no hay que confundir la efervescencia de los merados con otros elementos sustantivos para estabilidad macro: el desafío de acumulación de reservas internacionales sigue aún vigente.

La deuda en la economía real

Si bien el anuncio generó entusiasmo en ciertos segmentos del sector financiero, una reacción comprensible, pero limitada, ese optimismo no necesariamente encuentra correlato en la economía real. Cabe recordar que Argentina y Estados Unidos compiten en sectores clave, particularmente en el agropecuario, nuestra principal fuente de divisas.

Desde una perspectiva estructural, todo indica que el esquema profundiza un modelo extractivista: la Argentina posee vastas reservas de recursos naturales y estratégicos altamente demandados por las economías centrales, y el acuerdo parece orientarse a facilitar su extracción y exportación sin valor agregado local.

Una discusión aparte será la opinión de los gobernadores y el impacto en las economías regionales. En paralelo, la arquitectura propuesta bloquea o debilita caminos esenciales de industrialización; como los sectores automotriz, farmacéutico, de maquinaria y químico, que históricamente han sido motores del desarrollo argentino.

Tampoco aparecen elementos que promuevan la creación de empleo ni mecanismos de protección de sectores estratégicos. En este marco, el acuerdo despierta más dudas que certezas y deja un interrogante inevitable: ¿existieron estudios serios y evaluaciones de impacto sectorial antes de asumir un compromiso de esta magnitud?

¿Hacer grande a la Argentina?

El acuerdo se inscribe, además, en la arquitectura geopolítica que Estados Unidos busca consolidar en la región: ya se anunciaron marcos similares con Guatemala, El Salvador y Ecuador. Vale una primera observación: Guatemala es uno de los tres países latinoamericanos que aún no mantiene relaciones diplomáticas con la República Popular China.

El Salvador y Ecuador, por su parte, son considerados, al igual que el actual gobierno argentino, aliados circunstanciales de la administración Trump. La diferencia es sustantiva: se trata de economías con bajo desarrollo industrial y con el dólar estadounidense como moneda oficial, condiciones que las colocan en un escenario completamente distinto al argentino.

En este contexto, el acuerdo funciona también como un mensaje hacia China, que se ha consolidado como el segundo socio comercial de la Argentina y uno de los principales para la región.

Su orientación desalienta la entrada de productos de origen chino, abre interrogantes sobre el futuro de plataformas de comercio electrónico como Temu y Shein, cuyo crecimiento reciente en el mercado local ha sido significativo y, sin lugar a duda, tendrá efectos en la limitación de inversiones estratégicas del gigante asiático.

A esto se suma el enfriamiento de la relación política con Brasil, nuestro principal socio comercial, la desnaturalización de compromisos del MERCOSUR y el explícito distanciamiento del gobierno de Milei respecto de los BRICS+, con la excepción de ciertos gestos unilaterales hacia India, un bloque que representa el 51% de la población mundial y cerca del 40% del PBI global medido por paridad de poder adquisitivo.

Asimismo, vale recordar que de cada 10 dólares que ingresan al país por exportaciones, aproximadamente 8 provienen de países no occidentales.

A partir de lo analizado, y aún antes de que el acuerdo se formalice, surgen interrogantes políticos que profundizan las dudas y reducen las certezas. El esquema planteado supone desafíos significativos para diversos sectores y se configura, en los hechos, como un entendimiento desventajoso, desequilibrado e injusto.

No se advierte reciprocidad: predominan obligaciones para la Argentina y derechos para Estados Unidos. Al mismo tiempo, la pérdida de autonomía política en el escenario internacional ubica al país en una posición de evidente debilidad.

Mientras el mundo atraviesa un proceso de transición del poder global, con un desplazamiento progresivo desde Occidente hacia Oriente, el gobierno de Milei -expresión local de un fenómeno internacional-, exhibe una voluntad férrea de alinearse de manera irrestricta con Estados Unidos, cerrando canales de cooperación que podrían fortalecer los intereses geopolíticos, productivos y estratégicos nacionales.

La historia reciente ofrece un paralelismo que invita a la reflexión: el acuerdo “Roca–Runciman” de 1933, en el que la Argentina aceptó condiciones leoninas impuestas por un socio en declive como el Reino Unido.

Aquella experiencia demuestra que pactar “a cualquier costo” con una potencia que busca preservar su influencia no es un camino ventajoso ni sostenible para el desarrollo. La historia advierte que la subordinación unilateral rara vez genera beneficios duraderos. Este acuerdo, lejos de “hacer grande” a la Argentina, amenaza con reducir su margen de maniobra en un mundo cambiante y con manifestaciones cada vez más multipolar.